Los tres concejales del Partido Popular de Paterna y tenientes de alcalde Vicente Sales, Alfonso Romero y Sara Álvaro continuaron ayer con las declaraciones como imputados ante la jueza por la denuncia de Compromís por presunta prevaricación al aprobar el gasto de promoción de la zona franca.
Los tres ediles siguieron la estrategia de defensa del exalcalde Lorenzo Agustí, la alcaldesa Elena Martínez y la primera teniente alcalde María Villajos. Así aseguraron a la magistrada, como sus compañeros de grupo, que se acogieron a informes de Intervención y Secretaría en los que no se menciona ninguna ilegalidad, además de incidir en que los gastos de marketing fueron fiscalizados por la empresa pública Gespa y los altos habilitados nacionales de Tesorería e Intervención.
Pero para Compromís, el grupo denunciante y que ejerce la acusación, los concejales de la junta de gobierno imputados están «representados por un letrado especialista en temas de corrupción que les está aconsejando culpar a los funcionarios como única salida a su imputación», según el portavoz Juanma Ramón, que añadió que el informe en el cual se excusan y que tiene el conforme de Intervención es de febrero de 2013 y «sólo hace referencia a los gastos habituales de una encomienda de marketing, sin incluir la extravagante y surrealista promoción de la Zona Franca fantasma. Más adelante, en marzo de 2013, la secretaria emite su primer informe contrario a la aprobación de la encomienda basada en un Plan Ciudad inexistente. Y al mes siguiente, a Agustí se le ocurre modificar la encomienda de marketing, incluyendo la totalidad del gasto de la promoción de la Zona Franca hasta llegar a 628.000 euros». Ramón calificó de «burda excusa y maniobra» la aportación del sello de Intervención en el informe de febrero de 2013 «para distraer la atención».
