Tras las manifestaciones de la concejal del PSPV-PSOE, Carmen Marco Aguilar, publicadas en Levante-EMV el 24 de Marzo de 2015, queremos recordar que se trata de una expropiación forzosa «ex lege», por imperativo legal, en ningún caso voluntaria, instada por un particular en 2006, en base al PGOU del 1985, cuando el ayuntamiento estaba en manos de los socialistas. La postura municipal ha sido siempre defender los intereses municipales, intentando pagar un precio justo, al ser el solicitado por el particular abusivo. Por ello, en diciembre de 2009, el pleno por unanimidad decidió interponer recurso contra la resolución del jurado provincial de expropiación para rebatir el precio. En diciembre de 2013, con votos a favor del PP y PSOE y abstención de Acert se acuerda pagar 545.000 euros.
En este tiempo, el ayuntamiento ha hecho efectivas cantidades sin que se resintieran las arcas municipales (dos pagos de 90.000 euros y 50.000 euros de la partida «Expropiaciones» del presupuesto de 2013). Y mediante acuerdo del pleno de diciembre de 2013, se consignan 405.057 euros con cargo a la misma partida, para hacer frente a la totalidad del pago.
El Ayuntamiento de Tavernes Blanques redujo su endeudamiento en 2014, del 46 % al 38 %, amortizando préstamos por más de 700.000 euros y refinanciando la deuda pendiente a proveedores. Se ha logrado un ahorro cercano a 100.000 euros.
Actualmente ha sido notificada sentencia en recurso de casación ante el Supremo y se ha establecido el precio definitivo de la parcela. De la sentencia se ha dado cuenta al pleno de marzo.
La situación del Ayuntamiento, cuyo remanente de tesoreríade 2014 asciende a 1.064.321 eur0s, permite concertar operación de crédito y e abonar la citada cantidad, sin recurrir a ningún plan de pagos. Además, los fondos líquidos de la Corporación a 31 de diciembre de 2014 ascienden a 1.990.705 euros.
Por ello, estamos ante una gestión excelente y no comparable a la del PSOE en épocas pasadas pues entonces se trataba de una expropiación de urgencia sin consignación y que produjo como consecuencia la firma de convenios cuyo incumplimiento municipal dio lugar al pago de 2,5 millones de euros con la consiguiente impugnación del presupuesto municipal y el impago de nominas a los trabajadores.
