El gobierno tripartito de Catarroja —integrado por Compromís, Guanyant y el PSPV— ha acordado una serie de medidas de urgencia en materia de emergencia social que persiguen agilizar las ayudas, fijar unos criterios más claros a los profesionales para otorgarlas y, sobre todo, eliminar el papel que desempeñaba la anterior alcaldesa popular, Soledad Ramón, que tenía potestad para entregar vales a los usuarios de este servicio.
El nuevo alcalde, Jesús Monzó (Compromís), explica que la primera medida ha sido dejar de atender personalmente estos casos y remitir a los vecinos que acuden a alcaldía para solicitar las ayudas o plantear otras peticiones «derivadas de situaciones muy graves». «No me corresponde este papel sino que estas personas merecen estar atendidos por profesionales expertos en cada materia: trabajadores sociales, psicólogos, personal de atención al menor o a las víctimas de violencia de género. Primero, para que la atención sea mejor y segundo por su propio derecho a la intimidad», indica. De este modo, los vecinos que estos días se acercan a su despacho, cumplimentan una ficha en la que indican la causa de la solicitud de visita «y si están al borde de un desahucio o de que les corten el agua o la luz», se remiten a Servicios Sociales por vía de urgencia, mientras que el resto usa la vía ordinaria.
Así, serán los técnicos los que, a partir de ahora, aplicarán su criterio para otorgar los subsidios, para lo que el gobierno local va a elaborar una ordenanza sobre ayudas de emergencia social que establezca los baremos, especialmente en las cuantías.
Con todo, Monzó explica que el área de Servicios Sociales está totalmente colapsada y «se están dando citas a los usuarios para dentro de 40 días» porque «el departamento está casi desmantelado». Actualmente sólo hay una trabajadora social a jornada completa y otra a media jornada para una población de 28.000 habitantes, cuando la legislación marca una ratio de un profesional por cada 10.000 habitantes, «ya que hay otra que está de baja desde hace seis meses y no se ha cubierto su plaza». Por ello, otra de las medidas del gobierno tripartito es contratar de urgencia a una persona para sustituirla y a otra segunda para reforzar el servicio en este momento. Monzó critica también que la plaza de técnico en prevención de drogodependencias «que está subvencionada en un 100% ha desaparecido».
El gobierno local parte de la premisa de que existe una situación de emergencia social en Catarroja, como en la mayoría de municipios, y «el ayuntamiento no va a permitir que se eche de su casa a nadie ni se les corten los suministros básicos, pero no por caridad sino porque los ciudadanos tienen unos derechos».
