El nuevo gobierno tripartito de Moncada (PSPV, EUPV y Guanyem) prepara un plan para renovar la plantilla de la empresa municipal MSU y convertirla en un «motor de empleo» para los vecinos de la localidad, sobre todo aquellos que tienen mayores dificultades económicas y problemas para salir del paro. Pero el ejecutivo que dirige Amparo Orts se enfrenta a un contratiempo: el de los 56 trabajadores con los que cuenta hoy en día Moncada Servicios Urbanos (MSU), de los cuales 31 „es decir, el 55 por ciento„ cuentan con un contrato laboral fijo (y de ellos 22 están a jornada completa). El resto (25) de la plantilla son trabajadores temporales.
Así que, para que los contratos de MSU beneficien a un mayor número de vecinos (que es lo que pretende el actual ejecutivo), o se amplía la plantilla „opción complicada debido a la situación económica tanto de la firma pública como la del consistorio„ o se eliminan puestos fijos, según señalan las fuentes municipales.
Sin proceso de mérito y capacidad
Las mismas fuentes explican que para conseguir alguno de los contratos temporales que ofrece MSU, los aspirantes deben someterse a un exhaustivo proceso de selección al que, por contra, no se habrían sometido ninguno de los empleados fijos. «Los suyos son contratos que los anteriores gobiernos del PP que presidió Juan José Medina fueron firmando a partir de 2010, cuando se creó la empresa pública», explican. «Ninguno de estos 31 trabajadores fijos pasó proceso alguno de mérito y capacidad. No sabemos qué procedimientos se siguieron para contratar a estas personas ni encontramos las convocatorias», destaca el actual presidente de MSU y concejal de EUPV, Vicente Conejero.
Además, las fuentes municipales subrayan que entre estos «fijos» figura una serie de personas con evidentes «vinculaciones» con la formación popular en Moncada. En todo caso, y de momento, el gobierno local no quiere dar los nombres de estas personas pero sí señala que son beneficiarios de unos «sueldos encubiertos que pagaba el anterior gobierno del PP a través de la empresa municipal».
Así las cosas, tanto Conejero como el edil del área de personal Manuel García (Guanyem) tienen claro que, para que MSU sirva como motor de creación de empleo mediante contratos temporales, el número de trabajadores fijos debería reducirse. «Controlaremos que haya una rotación en los contratos y que se adjudiquen de la forma más justa como podría ser a través de bolsas de empleo autogestionadas según oficios», explicaban ayer.
Por ello, Conejero y García aseguraron a este periódico que el ayuntamiento va a estudiar «uno a uno la situación de estos 31 contratados a dedo. El que sea útil, se quedará, y el que no, veremos qué se puede hacer».
El problema son las «penalizaciones» que tendría que asumir el municipio si se hicieran despidos y estos fueran declarados improcedentes en un contencioso. Porque cabe recordar que MSU, como firma municipal que es, funciona únicamente gracias al dinero que le transfiere el ayuntamiento por asumir distintas encomiendas, y que ronda los 108.000 euros al mes, según las fuentes municipales.
La «Imelsa de Moncada»
Así pues, además de estudiar cuales de estos puestos fijos deberían mantenerse y cuales eliminarse, el gobierno de Moncada PSPV-EUPV-Guanyem estudia también minimizar los costes de los posibles despidos. Y, para ello, miran hacia la Diputación de Valencia, institución de la que el exalcalde de Moncada fue también vicepresidente hasta hace unos meses. Allí, el actual gobierno provincial que dirige el socialista Jorge Rodríguez ha encontrado a una treintena de trabajadores de la empresa pública Imelsa contratados por el PP para ocupar puestos «sin contenido» o «desconocidos». Este último no parece ser el caso de MSU, pero sí que coinciden ambas empresas públicas en que estos contratos no se obtuvieron tras un concurso de méritos previo y que las indemnizaciones por un supuesto despido improcedente serían cuantiosas.
Tal como publicó este periódico hace unas semanas, en el caso de los contratados fijos sin convocatoria pública previa de la diputación, el sindicato CGT ha asegurado que el despido podría ser gratuito ya que, al no haberse tenido en cuenta los principios de mérito y capacidad recogidos en la Constitución, los contratos de Imelsa serían «nulos de pleno derecho». «Queremos estudiar si aquí se podría aplicar también, si Medina ha hecho con MSU una Imelsa en su pueblo», añadió Conejero.
