Silla tendrá que desembolsar más de 34.000 euros por haber despedido de manera irregular a su antigua abogada del área de la Mujer. La letrada, que durante más de 20 años asesoró a las vecinas de la localidad en materia de violencia de género, percibirá 21.660 euros en concepto de salarios de tramitación, cantidad a la que hay que sumar los 9.759 euros que cobró con anterioridad por los sueldos que dejó de percibir durante los meses que estuvo fuera del consistorio. El ayuntamiento, además, también tendrá que entregar más de 13.000 euros a la Seguridad Social por esos meses que la especialista debería haber trabajado.
«Entre todos estamos pagando la mala gestión que hizo el PP de Serafín Simeón», dijo ayer la concejala de Igualdad, Raquel Sánchez, de Compromís. «El PP nos ha privado de tener un servicio jurídico de atención a la Mujer durante los últimos años —agregó— y ahora, además, hemos tenido que pagar una cuantiosa indemnización que nos hubiera permitido disfrutar de ese mismo servicio durante mucho tiempo, ya que su coste era de 5.949 euros al año».
El alcalde, el socialista Vicente Zaragozá, por su parte, criticó también «la mala gestión del PP» en este asunto y el «gran coste económico» que supone para las arcas municipales, «un gasto que tendremos que pagar todos».
La regidora comunicó ayer la situación a los colectivos femeninos del municipio, a los que propuso retomar el servicio de asesoramiento jurídico. Dones amb Compromís, Col·lectiu de Dones y Dones Progressistes acordaron proponer a través del Consell de la Dona la redacción de una carta de reparación y reconocimiento a la anterior especialista.
En su puesto desde 1991
La antigua asesora de la Mujer en Silla comenzó su actividad a principios de 1991 a razón de tres horas semanales. Años después, su horario de atención se incrementó hasta llegar a cinco horas y media por semana, algo por lo que percibía 676 euros al mes.
En 2011, y tras dos décadas al frente del servicio, el entonces equipo de gobierno del PP, dirigido por Serafín Simeón, acordó despedir a la abogada porque su labor no era «de prestación obligatoria para los ayuntamientos» y «por las importantísimas dificultades económicas» que atravesaba el consistorio, según se especificó en aquel momento.
La letrada llevó su caso a los tribunales y, en 2013, el juez ordenó al ayuntamiento readmitirla o pagarle 21.300 euros de indemnización. El grupo popular apostó por reintegrarla en la plantilla municipal para, de manera automática, amortizar su plaza, algo que pudo ejecutar gracias a la abstención de España 2000 en el pleno.
