El Juzgado de Instrucción número 4 de Mislata ha notificado a Josefa Martí la orden de desahucio de la vivienda en la que reside la familia de su hijo José, instada por la fundación Francisco Balbastre Arnau, una entidad «civil» pero vinculada al Arzobispado de Valencia y presidida por el párroco de Nuestra Señora de los Ángeles. El desahucio está previsto para el 9 de febrero de 2016 a las 11.00 horas, un año y cuatro meses después del primer intento de desalojo de esta familia, que el arzobispado decidió paralizar cautelarmente «para intentar alcanzar un acuerdo» con la anciana de 83 años.
Ya en febrero de 2013 la misma fundación había intentado desahuciar a Josefa y a su marido de la casa en la que viven desde hace décadas, situada en el mismo edificio que la de su hijo. También aquel desalojo se paralizó después de que ambas partes llegaran a un acuerdo y la entidad aceptase ceder en alquiler el inmueble por un precio simbólico de 20 euros mensuales. Así pues, el del próximo febrero será el tercer intento de desahucio en el número 25 de la calle Major de Mislata en menos de tres años. Ya en 2008 Josefa pudo parar un primer intento de desahucio por impago de alquiler debido al mal estado de salud de su marido.
La anciana defiende que aquel acuerdo de febrero de 2013 „firmado horas antes de cumplirse el plazo previsto para ejecutar el desahucio„ garantizaba que su hijo José pudiese vivir en el edificio junto a su mujer y su hija de 6 años hasta que esta fuese mayor de edad.
Además de comprometerse a pagar el alquiler simbólico, Josefa participaría en la rehabilitación de un piso contiguo al suyo para que lo habitase su hijo después de desocupar la planta baja donde aún reside y entregarla a la fundación para instalar allí un economato de Cáritas. La anciana acusa a la fundación de no haber cumplido su parte de la rehabilitación del piso, que el estado actual de inmueble lo hace inhabitable, y por eso defiende que la familia de José no puede irse aún de su actual hogar.
La fundación, por contra, ha denunciado a Josefa por no entregar los bajos de la finca y de incumplir el acuerdo de 2013, lo que ha derivado en el intento de desalojo de octubre 2014 y en el previsto para febrero de 2016.
Josefa tiene ahora 83 años y ha vivido desde los 9 el número 25 de la calle Mayor de Mislata. El inmueble pertenecía originalmente a Francisco Balbastre, que al morir en 1924 cedió esta y otras 6 propiedades (valoradas en 1998 en 70 millones de pesetas) para que una junta de gobierno encabezada por el párroco de la iglesia de los Ángeles las enajenase y construyese con el dinero un hospital. Pero los albaceas no cumplieron con su objetivo y usaron los inmuebles para otros fines. En el caso del 25 de la calle Mayor, permitieron a la familia de Josefa ocupar la casa a cambió de su rehabilitación. Nunca pagaron un alquiler pero si la contribución o los gastos derivados de su ocupación. En 1993 la mujer inició el proceso para obtener la propiedad del inmueble en el que vivía desde 1941, algo que logró en los tribunales en 1997 en virtud de la figura jurídica de la usucapión (adquisición de la propiedad por su uso continuado durante cierto tiempo, en contra de lo expresado en el Registro de la Propiedad).
En 1998 se constituía la fundación Francisco Balbastre, encabezada por el párroco de los Ángeles, que consiguió en el Tribunal Supremo „y con el apoyo jurídico del arzobispado„ la propiedad del edificio. Desde entonces, ha intentado hasta en tres ocasiones desalojar a sus ocupantes y el próximo febrero intentará hacerlo por cuarta vez.
