El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valencia ha estimado el recurso presentado por la antigua gestora de la piscina y el complejo deportivo municipal de Benetússer contra el acuerdo del pleno de octubre de 2014 por el que el ayuntamiento resolvía el contrato de concesión de la obra pública y reclamaba a la empresa la devolución de las instalaciones.
Esta sentencia ratifica una anterior de noviembre de 2014, y que el consistorio recurrió, en la que se estima que las causas de la resolución del contrato son imputables a la administración local por no haber abonado ni un euro a Benetússer Centro Deportivo SL (propiedad de la empresa Gaia) en concepto de aportaciones extraordinarias y canon anual por la piscina pese a que en enero de 2011 la Junta de Gobierno había aprobado abonar lo que la empresa le reclamaba.
En la disputa judicial sobre la responsabilidad del incumplimiento del contrato, el ayuntamiento ha alegado que la culpa fue de la concesionaria (Gaia, la misma que la del complejo deportivo del Parc Central de Torrent) ya que no había construido el garaje ni el restaurante, circunstancias tras la que se escudó el gobierno local para no abonar distintos pagos obligatorios por más de 310.000 euros.
Según la sentencia del contencioso del pasado 20 de noviembre, estas acusaciones de «presunto incumplimiento contractual derivado de la falta de puesta en funcionamiento de las instalaciones infringe la doctrina de los actos propios, pues el propio ayuntamiento» admitió en enero de 2011 una moratoria en este sentido al aceptar en la Junta de Gobierno el pago reclamado por Gaia.
También recuerda la jueza en esta última sentencia que la gestora ya había pedido la resolución del contrato en marzo de 2013 por el «incumplimiento de las obligaciones de pago contraídas por el consistorio desde 2009». «Es decir „subraya el contencioso„ se habían rebasado con creces los seis meses» que estipula la ley «que motivaban (...) la resolución del contrato por causa imputable a la propiedad» (es decir, el ayuntamiento).
Con todo esto, y tal como destacaba ayer un representante de la concesionaria en declaraciones a este periódico, los tribunales ratifican la responsabilidad del ayuntamiento tanto en la situación actual del complejo deportivo „el proyecto sigue inconcluso y las instalaciones permanecen cerradas desde marzo de 2014„ como en la situación económica de la empresa, al aceptar su demanda en la que se asegura que los impagos del consistorio «han causado un desequilibrio tal que han dado con la liquidación de la actora».
De todas formas, tras la sentencia de noviembre de 2014 el anterior gobierno que presidía Laura Chulià (PP) trató de impulsar un acuerdo con Gaia por el que le ofrecía 4,93 millones (a añadir a los 1,3 millones entregados al iniciar la obra) a la exgestora de la piscina a cambio de recuperar la instalación. En total, el ayuntamiento aceptaba abonar alrededor de un millón de euros más de la inversión que hizo la empresa para construir el complejo deportivo. Pero aquel acuerdo no se cerró cuando la firma era inminente debido a la baja de la interventora municipal y la consiguiente falta de un informe jurídico.
«Nosotros estábamos de acuerdo con esta solución „aseguraron ayer fuentes de Gaia„, pero no había una propuesta en firme y el nuevo gobierno tampoco nos la ha hecho todavía». «Pero lo cierto es que con esta nueva sentencia que ratifica la anterior, el ayuntamiento tampoco tiene muchas más salidas», añadieron las mismas fuentes.
