El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Massamagrell ha acordado la suspensión de la diligencia de lanzamiento prevista para el proximo día 20 de enero de 2016 de la ejecución hipotecaria sobre la casa de Dolores Benítez, la mujer de 86 que iba a ser desahuciada por el impago de un préstamo de 75.000 euros a un particular que solicitó para ayudar a su hija, poniendo su vivienda como aval. El acuerdo que firmó la mujer, que no sabe leer ni escribir, le obligaba a asumir un 29 por ciento de intereses más casi 24.000 euros en gastos de tramitación, tasas e impuestos.
Según figura en la resolución, el lanzamiento hipotecario se aplaza tras el escrito presentado por la defensa de la anciana en el que se pide la nulidad por cláusula abusiva al haber incumplido la ley general de consumidores, la ley de represión de la usura y la directiva 93/13 de la UE que manda taxativamente la nulidad de préstamos particulares con este tipo de condiciones. Según la notificación del juzgado no tiene «tiempo material para resolver sobre el mismo».
El aplazamiento del desahucio no supone la suspensión definitiva del mismo y por eso se mantiene para hoy una manifestación pública que bajo el lema «Ninguna ejecución hipotecaria con cláusulas abusivas. Usura=Injusticia», recorrerá las calles de Massamagrell en apoyo a Dolores Benítez.
La manifestación arrancará desde la puerta del consistorio y está previsto que finalice en la puerta del Palau de Justícia de Massamagrell. A través de la redes sociales, hay más de 1.345 personas convocadas a este evento. El escrito publicado en Facebook, por parte de la formación política Veïns per Massamagrell, y que también apoya EU además de varias asociaciones y plataformas contra los desahucios, hace hincapié en el rechazo hacia las cláusulas abusivas y todo proceso judicial que no tenga en cuenta «la ilegalidad» de los abusos en las escrituras hipotecarias, ya que los ciudadanos están desprotegidos. «Sólo queremos que se cumplan las leyes y que los tribunales de justicia actúen en ese cumplimiento de una forma homogénea, general y bajo los mismos criterios que proporcionen seguridad jurídica a los ciudadanos», finaliza el escrito.
Respecto a la manifestación, el alcalde Paco Gómez aseguró el jueves desconocer la convocatoria pese a que, según aseguró, «si el ayuntamiento no hubiera mediado esta señora ya hubiera sido desahuciada. Se ha conseguido un aplazamiento en septiembre pasado y otro previsto para el 20 de enero que tampoco se hará efectivo, aunque aquí nadie ha venido a pedir nada».
