Catorce familias esperan el desalojo de las viviendas que ocupan en la antigua Colonia Militar de Paterna, propiedad actualmente de una entidad bancaria. El problema es que cuando las máquinas entren en los terrenos y echen al suelo sus casas, estas familias —con una treintena de menores a su cargo, diez de ellos de menos de dos años, según ha asegurado Compromís— no tendrán dónde ir.
El ayuntamiento —hasta hace poco tiempo propietario de las casitas a través de su empresa municipal Sumpa— exige a la Generalitat que se ocupe del realojo de estas personas en algunos de los pisos de la EIGE en el barrio de la Coma. En este sentido, el alcalde Juan Antonio Sagredo recordó ayer que ya ha enviado cinco solicitudes de reunión con la consellera de Políticas Inclusivas, y vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, «para hablar sobre las colonias militares» y «abordar la situación de emergencia social de las personas que ocupan viviendas» en esta zona .
En cambio, Compromís de Paterna asegura que el desalojo y posteriores derribos no son responsabilidad del banco sino de la Sumpa que, pese a encontrarse en concurso de acreedores, no puede entregar los terrenos de la Colonia Militar en pago de su deuda con la entidad financiera «hasta que no estén libres de edificaciones y habitantes». Una de las residentes de la colonia que esperan a ser desalojadas aseguraron ayer a este periódico que el jueves fueron dos agentes de la Policía Local y una empleada de la mercantil municipal quienes les avisaron de que los derribos iban a tener lugar el próximo lunes, extremo este que el ayuntamiento niega categóricamente. «No hay ningún derribo previsto para este lunes», aseguraron las fuentes municipales.
Pero si no son este lunes los derribos, serán más pronto que tarde, tal como reconocieron ayer las mismas fuentes, probablemente el próximo mes de febrero. Este periódico ha podido confirmar que varias familias han recibido a lo largo de esta semana la notificación del juzgado para que «abandonen la vivienda en el plazo máximo de 20 días desde la notificación de la sentencia».
Ya en febrero de 2015 se derribaron las 27 viviendas más deterioradas a cargo entonces del gobierno local del PP, aunque esta formación ya avisaba de que la segunda fase de los derribos los debía asumir el propietario. Cinco familias que habitaban legalmente las casas (no es así en todos los casos) fueron realojados en pisos de la Coma que habían sido acondicionados por el ayuntamiento.
Compromís asegura que los vecinos que «ocuparon» hace dos años las viviendas militares abandonadas «disponen en muchos casos de certificado de empadronamiento, muchos llevan los niños a la escuela del barrio y en la mayoría de los casos hay constancia previa que estaban habitando las viviendas». Las concejalas Neus Herrero y Carmen Gayà visitaron ayer la zona, lamentaron que menores y gente mayor «con problemas» «puedan quedarse en la calle». «Hay un matrimonio octogenario de separados que conviven porque ninguno de los dos cuenta con otra posibilidad viable de vivienda. También hay una familia con 8 niños, dos de los cuales no superan los 3 años», destacaron.
