El juzgado número 1 de Moncada ha llamado a declarar en condición de investigados a todos los miembros del anterior equipo de gobierno de Moncada que presidía Juan José Medina en 2013, y a otras siete personas. La investigación se ha abierto después de que la Fiscalía presentara contra ellos una querella por estafa en relación a la hipoteca de seis parcelas del polígono industrial III que la mercantil municipal Pemsa habría vendido previamente. Los investigados (figura que se aplica para definir a los que anteriormente se conocía como imputado) tendrán que prestar declaración ante el juez el próximo mes de julio, según han confirmado fuentes municipales y de los propios investigados.
En total son 19 las personas que han sido llamadas a declarar por el juez Joaquin Bosch, titular del juzgado número 1 de Moncada (además de portavoz de la asociación Jueces para la Democracia): Medina y sus 11 concejales en 2013, el todavía gerente de Pemsa José Ignacio Lillo, y seis miembros del consejo de administración.
De los políticos investigados, tres forman parte de la actual corporación municipal: el portavoz del grupo municipal popular, Miguel Gallego, la concejal Mª Dolores Muñoz y el actual portavoz del grupo Ciudadanos, Jesús Gimeno, que en el momento de producirse los hechos investigados formaba parte del equipo de gobierno de Medina.
También han sido llamado a declarar como miembro del consejo de administración de Pemsa que aprobó la operación, Miguel Benítez, que está a punto de tomar el acta de concejal en sustitución del exalcalde Medina (que dimitió en diciembre a raíz de su imputación por Taula); y también Marta García, a la que le correspondería entrar en la corporación si finalmente Benítez no tomase posesión.
Los consejeros de Pemsa serían, según denunció el fiscal, responsables de hipotecar las fincas que se habían vendido previamente, y los concejales de haber votado en el pleno a favor de esta operación.
Además de pedir al juzgado de Moncada la incoación de diligencias previas y la declaración como investigados de estas 19 personas, el ministerio público pidió que se tomase declaración como testigos a la secretaria general del ayuntamiento, y a la actual alcaldesa Amparo Orts, que puso estos hechos en conocimiento de la fiscalía después de que el comprador de una de las parcelas le exigiese la devolución del dinero tras descubrir que Pemsa «maliciosamente había constituido garantía hipotecaria sobre su parcela diez meses más tarde de ser requerido para su posesión».
Según detalla la fiscalía en la querella a partir de la cual el juzgado ha abierto diligencias, Pemsa era propietaria de una serie de parcelas en el Polígono Industrial Moncada III, y «al menos» seis de ellas fueron vendidas a diversos compradores entre el 3 de diciembre de 2010 y el 11 de enero de 2012 «mediante sendos contratos que en ningún momento fueron elevados a escritura pública. Hasta el momento de la investigación del fiscal, los compradores han pagado 1,35 millones de euros de los 3,34 millones que se previeron en las distintas operaciones.
Pero el 3 de diciembre de 2013, y según señala también el ministerio público en su querella, en una notaría de Moncada el gerente de Pemsa otorgó escritura pública por la que la mercantil hipotecaba, a pesar de los seis contratos anteriores, estas fincas como garantía de un préstamo con Bankia por importe de 1,86 millones de euros. En ese momento, y desde el 19 de junio de 2013, el consejo de administración estaba formado por nueve de los ahora querellados, incluyendo el entonces alcalde y varios de sus concejales.
El día de antes, y según también subraya la querella, la operación había sido autorizada por el pleno municipal con el voto a favor de los 12 concejales del equipo de gobierno del PP y los 9 en contra de la oposición (en aquel momento, PSOE, Compromís y EU). Se da el caso de que una de las querelladas, Marta García, tomó posesión del cargo ese mismo día en sustitución de Concha Gea, que también se incluye en la querella pero como consejera de Pemsa.
«Si han hecho algo mal, que asuman responsabilidades»
El portavoz de grupo municipal popular, Miguel Gallego, no quiso ayer hacer declaraciones sobre su imputación y de los que eran sus compañeros de gobierno en 2013. El martes, y en una rueda de prensa celebrada el martes, el presidente comarcal del PP, Miguel Bailach, aseguró desconocer la querella pero apuntó que podría tratarse de una «cuestión administrativa». Aún así señaló que «si se demuestra que nuestros concejales han hecho algo mal, tendrán que asumir responsabilidades».
