La magistrada del juzgado de Primera Instancia nº 1 de Mislata ha citado hoy a declarar como imputado al presidente de la Fundación Francisco Balbastre, el sacerdote José Alfredo Cremades, para que explique la venta de dos pisos propiedad de la fundacióna a un particular y dónde ha ido a parar el dinero de la operación. También está citado Agustín Domingo, secretario de la entidad.
La querella la presentó el pasado año Josefa Martí, la anciana que desde hace años pleitea con la fundación la propiedad del inmueble en el que vive. Pepita, personada en la causa como acusación popular, sostiene que en el Registro de Fundaciones «no figura que se haya pedido el permiso» para la enajenación de dos viejas viviendas, situadas en la calle Buen Pastor, y de las que ha resultado un gran unifamiliar. La mujer insiste que las propiedades „en torno a media docena„ que donó en su día Francisco Balbastre «eran para construir un hospital para personas sin recursos. Han vendido las casas y no hay hospital», critica.
Ahora, la jueza, tal como había solicitado la fiscalía, ha citado al párroco y al secretario para que expliquen la operación de compraventa de las dos fincas y el destino que se le ha dado al dinero obtenido. Además, les requiere que acudan al juzgado con los documentos acredidativos de los acuerdos de la junta de patronos de la Fundación Balbastre, de carácter civil pero vinculada en cierta manera a la iglesia al estar presidida por el párroco de Nuestra Señora de los Ángeles.
Tanto el sacerdote como el secretario afirmaron ayer a este diario que no tenían «notificación oficial» del juzgado para ir a declarar pero aseguraron que «no hay ningún problema. Todo está en regla y si hay que llevar documentos lo haremos».
Hace unas semanas la jueza ya tomó declaración como testigos a los dos propietarios que compraron los inmuebles y se contruyeron la nueva vivienda para que pusieran luz a la operación, la cantidad que se abonó y la forma de pago. Fuentes presentes en la declaración aseguran que «no fueron muy precisos» y contestaron «en varias ocasiones 'no lo acuerdo'», además de que no presentaron documentación alguna. Ahora la magistrada requiere al propietario que presente todos los papeles sobre el importe.
A su vez, la magistrada también ha mandado un requerimiento al notario para que remita la escritura de la operación, fechada en 2006, que ha asegurado no tenerla y que está depositada en el Colegio de Notarios de Valencia.
