El recorte previsto de una unidad en el colegio concertado Juan XXIII de Burjassot ha abierto una brecha en la comunidad educativa. Si bien el Consell Escolar Municipal aprobó rechazar la propuesta de la conselleria y ayer estaba previsto que el pleno lo hiciera —se suspendió al activarse las negociacionesl—, la Coordinadora de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de los centros públicos de Burjassot emitió ayer un contundente comunicado en el que se muestra a favor de la supresión de la unidad.
Esta entidad asegura que el Consell Escolar fue convocado «de forma urgente con menos de 24 horas de antelación», lo que «produjo que a los representantes del sector de familias de los centros públicos les fuera imposible asistir». De ahí que saliera adelante rechazar la propuesta, aunque el centro «ya cuenta con cuatro unidades de 1º de ESO», matizan.
La Coordinadora está pendiente del pleno para ver «qué modelo educativo apoya» cada grupo político. La entidad recuerda que «hasta ahora han sido los centros públicos los que han padecido la supresión de unidades sin que se afectara a los concertados» y que en el arreglo también se cerraba una unidad de infantil en el Sant Joan de Ribera, que se ha vuelto a abrir a raíz de las alegaciones. No obstante, la coordinadora ve lo insuficiente «debido a la larga historia de ataque sistemático que ha padecido» el centro. Y respecto a secundaria, entiende que el descenso de natalidad requiere suprimir una unidad y prefiere que sea en el centro concertado que en en los públicos Estellés, Federica Montseny o el Comarcal.
Por su parte, el consistorio desconvocó ayer el pleno extraordinario ya que «a lo largo de la mañana y del día de anterior miembros del equipo de gobierno han realizado gestiones para posibilitar una solución a la eliminación del aula, gestiones verbales que han obtenido una respuesta positiva y esperanzadora por parte de la Conselleria de Educación», indicaron, como lo comunicó el alcalde a la dirección del colegio. La medida es a la espera de que «se confirme de forma oficial» la noticia, pero si no sucediera, se volvería a convocar el pleno.
Sobre este asuntos, el grupo municipal de Ciudadanos, en la oposición, se atribuyó ayer el mérito de haber logrado frenar la supresión del aula —un hecho no confirmado— a través de la gestión de uno de sus diputados con Marzà. El alcalde lamentó «que se pongan la medalla» de forma individual cuando en el gobierno se están haciendo gestiones «a diversos niveles» porque «la obligación de la corporación en un asunto así es trabajar juntos para lograr una solución».
