La comisión de investigación sobre los uniformes de la Policía de Torrent llegó ayer a su punto álgido con las declaraciones de los representantes del Consell y del Institut Valencià de la Seguretat Pública (Ivaspe). Con todo, sus afirmaciones fueron contradictorias hasta el punto de que los grupos municipales del ayuntamiento las interpretan de distinta forma, por lo que no ha quedado claro si el consistorio puede utilizar las prendas que costaron 200.000 euros y que incluían un cambio de color, al introducir el azul cielo en algunas de ellas.
Para el Partido Popular, de las declaraciones se desprende que no hay duda de que "el ayuntamiento contradice frontalmente el decreto autonómico 114/ 2005" por lo que es necesario declarar la lesividad del expediente como aprobó el pleno, lo que implicaría anular el proceso de adjudicación, perder el dinero y tener que volver a comprar las prendas. No obstante, el PSPV opina todo lo contrario y considera que el Consell autoriza las prendas, especialmente tras las declaraciones de anoche, al haber hecho referencia a la excepcionalidad de la normativa. Algún otro grupo de la oposición también lo interpreta así.
Mientras todavía se desarrollaba la sesión de ayer de la comisión de investigación, que duró más de cinco horas, fuentes populares informaron de que el director general de la Agencia de Seguridad, José María Ángel, había afirmado en su declaración que "los ayuntamientos tienen que cumplir la norma" -que establece el azul noche y el amarillo-. "Me ratifico en la resolución -que en su día emitió-. El color que debe utilizarse es el bicolor amarillo y el azul noche", asegura el PP que el director general dijo textualmente. Por su parte, fuentes populares informaron además de que la directora del Ivaspe, Ángeles Navarro había dicho previamente que "es impensable que un ayuntamiento no aplique el decreto".
No obstante, el propio José María Ángel desmintió anoche a Levante-EMV, al término de su declaración, que hubiera "descalificado" al ayuntamiento por haber adquirido prendas de otro color, al asegurar que también había dejado claro en su intervención que "si bien la norma es clara, el texto permite utilizar otras prendas y colores". En concreto, Ángel explicó a este diario que "la norma también tiene un apartado de excepcionalidades en el artículo 3.2, lo que permite cierta modificación o uso de las prendas". "
Según este apartado de la ley, las corporaciones pueden introducir modificaciones por diversas razones, que serán estudiadas "por el gabinete técnico de coordinación de Policías Locales". Pero cuando Torrent planteó los cambios que pretendía implantar a este organismo, ya estaban adjudicados y comprados los uniformes. Con todo, el gabinete técnico se pronunció en un escrito que, para los populares, deja claro que no se autoriza el cambio de color, mientras que los socialistas interpretaron en su día que les habían dado el permiso.
Ángel reconoció ayer también, según fuentes de diversos grupos presentes en la comisión, que la administración autonómica debería haber sido más clara en la redacción de estos documentos que ha enviado a Torrent y que se ha producido ambigüedad, por lo que entendía la interpretación de la mesa técnica.
El asunto del gabinete técnico y su funcionamiento también se abordó en la sesión. Fuentes socialistas aseguran de que "todos los representantes de la Generalitat que han venido han reconocido que "existe una anarquía absoluta en la uniformidad de la Policía Local en la Comunitat Valenciana porque la comisión que ha de autorizar los cambios no se reunía desde 2007 y hay quien ha introducido modificaciones sin pedir permiso y otros que han dado por buenos los cambios por silencio administrativo". Para el PSPV, "es vergonzoso que aquellos que han provocado el caos en los uniformes de la policía de toda Valencia ahora nos den lecciones", en referencia al PP.
Sobre la existencia de un borrador para modificar la ley, que hubiera amparado los cambios de Torrent, a preguntas de los grupos, el director general de seguridad dijo: "no me consta la existencia de un borrador como tal", según afirma el PP. Previamente Ángeles Navarro indicó que "no es cierto en absoluto que haya un borrador de uniformidad en el que se esté trabajando", también según la versión del PP.
Finalmente, fuentes populares indicaron que "finalmente hay claridad en el caso de los uniformes y el siguiente paso es hacer efectivo el acuerdo plenario y declarar la lesividad" mientras que los socialistas entienden que no han cometido ninguna ilegalidad, ya que actuaron con los informes a favor, "lo que no ocurría en época del PP cuando también se saltaron el decreto con los informes en contra".
La comisión de investigación se reemprenderá la semana próxima con las declaraciones del alcalde, Jesús Ros, que preside la comisión, los ediles socialistas José Antonio Castillejo (Seguridad) y Andrés Campos (contratación) y el concejal del PP que ha llevado el peso de la denuncia de esta situación, Nacho Carratalá. De forma paralela, la denuncia que interpuso el PP en la Fiscalía sigue su curso.
