El magistrado del juzgado de Primera Instancia nº2 de Mislata ha abierto juicio oral contra el exalcalde del municipio Manuel Corredera (PP) por un presunto delito de prevaricación administrativa. La fiscalía solicita diez años de inhabilitación para desempeñar cualquier empleo o cargo público.

Este nuevo desencuentro de Corredera con la justicia se remonta a su última legislatura (2007-2011) al frente del consistorio mislatero. Con la llegada del socialista Carlos Fernández Bielsa a la alcaldía se encargó una extensa auditoría que arrojó diferentes irregularidades en materia de contratación y que la fiscalía acabó investigando. Así, el informe del ministerio público es contundente al acusar al exalcalde del PP de adjudicar por diferentes resoluciones administrativas servicios para el ayuntamiento «a un mismo proveedor eludiendo de forma consciente y completa los procedimientos administrativos de oferta y adjudicación regulados por la normativa de contratación».

En este sentido, el fiscal divide en tres las formas de actuar de Corredera en las que posiblemente vulneró la ley, «contratando directamente con proveedores compromisos de gastos por encima del límite permitido para la contratación menor; fraccionando el objeto del contrato pese a ser único al objeto de que no superara el límite permitido para la contratación menor; y realizando diversos contratos sucesivos a sabiendas de que vulneraba de forma completa y arbitraria la legalidad vigente en materia de contratación pública».

Entre los ejemplos que pone el fiscal de la actuación irregular de Corredera y de la entonces jefa del servicio de Cultura Gemma Flors, también imputada, figura la firma de un convenio con una empresa para la puesta en marcha de un centro de atención temprana.El consistorio pagó 57.429 euros en 2009 y solo un año después abonó otros 107.715 euros. Ambos se rubricaron sin realizarse el expediente administrativo correspondiente.

En los años 2007 y 2008 el ayuntamiento popular adjudicó a la misma empresa „por 31.769 euros y 27.501, respectivamente„ el montaje y organización del Festival Mimmed (Mislata Música en Directo). El fiscal detalla que Corredera y Flors fraccionaron diversas facturas para aparentar ser contratos menores y eludir las exigencias de procedimiento y publicidad que marca la ley. También trocearon el gasto de 37.087 euros correspondiente al montaje de la Feria de las Asociaciones del año 2007 «para eludir aparentemente las exigencias de contratación administrativa al límite de los contratos menores pese a ser todos los contratos con el mismo objetivo y la misma empresa». A esto se sumaba los informes en contra de la interventora municipal advirtiendo de que no se había tramitado el correspondiente expediente de contratación.

En los dos últimos ejercicios de la legislatura, Corredera firmó 29 decretos (12 en 2010 y 17 en 2011) para aprobar el pagó de facturas por valor de 60.446 euros y 74.254 euros por la prestación de servicios de internet «vulnerando de forma completa y absoluta la normativa» al considerar las facturas de forma independiente como contratos menores cuando en realidad se referían al mismo suministro.