Tengo una mala noticia y una buena, es lo que más o menos le vino a decir el conseller de Educación, Vicent Marzà, al alcalde de Manises, Jesús Borràs, durante la reunión que ambos mantuvieron la pasada semana. Sobre la mesa estaba qué hacer con el gran auditorio Pepe Sancho, un mastodóntico edificio a medio hacer y en el que la Generalitat de Francisco Camps invirtió 6,9 millones hasta que en 2012 se paralizaron las obras por impagos a la constructora. El proyecto original contemplaba crear en aquellas modernas instalaciones una Escuela de Teatro, idea que ahora Marzà ha descartado por inviable, según apuntaron fuentes conocedoras de la reunión. Eso sí, el dirigente autonómico se mostró abierto a dialogar con el consistorio y tratar de buscar una salida para el inmueble.
La historia del auditorio Pepe Sancho se remonta a 2005 con la firma del convenio entre el ayuntamiento y la Generalitat. La idea era construir, sobre unos terrenos de 6.000 metros, un gran auditorio para 800 espectadores. Las instalaciones de tres plantas albergarían una escuela de artes escénicas de prestigio, además de una sala de conferencias, biblioteca, dos aulas prácticas, una estancia para los ensayos y hasta servicio de cafetería. El acuerdo señalaba que Manises cedía el suelo, incluido en el plan urbanístico de la Plaça de la Llenya, y el Consell se encargaba de la ejecución de la obra y su equipamiento, todo ello a través de la empresa pública Ciegsa. Una vez concluida la infraestructura, el municipio la recepcionaba para su gestión.
Dos años después, el entonces alcalde Enrique Crespo (PP) decidió modificar el convenio para convertir al consistorio en el contratante de la obra y el primer pagador, mientras que Ciegsa la abonaría posteriormente. El equipo de Gobierno adjudicó la construcción a Midascon por unos siete millones de euros. La empresa quebró poco después y apenas pudo comenzar. Esta situación motivó otra reformulación del convenio volviendo a la realidad inicial. Ciegsa tomaba el control y dio el proyecto a BM3 por 6,1 millones de euros.
En 2012, tras haber inyectado 6,9 millones de dinero público(un 13% más de lo presupuestado), la empresa abandonó las instalaciones por los impagos de la Generalitat, dejando un edificio fantasmagórico y al que le faltan unos cuantos millones para dejarlo en condiciones de uso y habitabilidad.
Tras su llegada a la alcaldía el pasado año, Jesús Borràs (Compromís) se marcó entre sus objetivos encontrar una solución para el auditorio. Así, la pasada semana logró una reunión con el conseller Marzà para abordar la situación. El dirigente autonómico descartó finalizar la obra con recursos propios ni instalar allí cualquier servicio cultural o educativo, entre ellos la Escuela de Artes Escénicas. A pesar de su negativa, el conseller se mostró dialogante y ofreció su colaboración para tratar de encontrar una salida para el edificio.
Ahora, el equipo de Gobierno debe decidir qué quiere hacer con el auditorio y qué usos podría darle, desde albergar oficinas municipales a espacios culturales. Incluso el ejecutivo valora convocar un referéndum entre la ciudadanía para tomar una decisión definitiva.
En este sentido, la conselleria de Educación ha planteado que un grupo de técnicos visiten las instalaciones para realizar un completo informe sobre su estado y estimar el coste de finalizar la infraestructura respecto a la utilidad que le querría dar el consistorio. A partir de ese momento se crearía una especie de comisión para trabajar de forma conjunta para concluir el edificio y buscar un sistema para financiar las obras, y si es necesario tratar de implicar a otras administraciones, como el Estado y la Diputación.
Tanto Borràs como la conselleria, ambas en manos de Compromís, destacaron la sintonía para tratar de encontrar una solución para el auditorio. El alcalde explicó que «ahora se abre el camino para darle una salida a un desbarajuste urbanístico hecho por el PP, el cual después de gastarse casi siete millones de euros ha provocado una situación delicada en la que entre todas las administraciones públicas se debe dar un destino, por supuesto, diferente a lo que se concibió inicialmente sin cordura».
Por su parte, desde el departamento de Marzà recordaron que el convenio que firmaron «Máximo Caturla y Enrique Crespo por un gasto de más de siete millones de euros se define por sí solo» mientras que «esta administración es seria y trabaja por una gestión eficaz y ética de los fondos públicos».
