El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia ha desestimado la demanda presentada por el portavoz del PP de Almàssera, José Belencoso, contra el alcalde socialista Ramón Puchades por «obstaculizar» la labor de fiscalización de la oposición al negarse a facilitar a los populares el acta de reunión de la comisión municipal de servicios sociales.
Los populares habían solicitado el acta para «fiscalizar unas presuntas contrataciones irregulares» en este departamento, pero Puchades se negó a entregar esta información esgrimiendo un informe técnico municipal en el que se alertaba de que su publicación pondría en peligro la intimidad de las familias en riesgo de exclusión social con las que trabaja el ayuntamiento. El alcalde también subrayó ante el juez que en un caso similar, la Agencia de Protección de Datos había informado a favor de mantener en secreto el contenido de un acta cuya publicación podría vulnerar la intimidad de terceros.
En cambio, el secretario municipal realizó un informe en el que concluía que los populares tenían derecho a disponer de esta información. «Lo gravoso de la negativa de Puchades a dar la información solicitada por el grupo popular es que los populares cuentan con el respaldo del informe favorable del secretario de la corporación, máxima fuente en derecho de la administración Local», afirmaba Belencoso el pasado septiembre.
En su fallo, el magistrado del juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Valencia estima «conforme a derecho» la denegación del acta solicitada por el PP «pues supondría la puesta a disposición del concejal solicitante de datos personales, familiares, económicos, de vivienda, laborales y educativos, de personas que viven en el municipio, que afectan por lo tanto de manera directa a su intimidad, que hubiera exigido una mayor concreción en la solicitud sobre la finalidad que se pretendía con la entrega de la copia».
«Tuve que tomar una decisión, con informes contradictorios, y decidí, por precaución, no entregar el acta ya que entendí que había que defender los derechos de los usuarios de servicios sociales», ha explicado el alcalde de Almàssera tras la publicación de la sentencia.
