«Si no fuera por este tipo de ayudas, no podríamos subsistir». La que habla es María (nombre ficticio para preservar su intimidad), una vecina de Albal de 50 años. Está casada, tiene dos hijos, de 20 y 8 años, y su marido (55) está en paro desde hace cuatro años. Sólo perciben una pensión de 429 euros, y su hipoteca mensual es de 399. Su día a día es «bastante crudo» ya que solo existe blanco o negro: «O pagas las facturas, o llenas la nevera para poder comer».
María es una de las vecinas de Albal que se beneficia de las ayudas que cada año concede el ayuntamiento de Ramón Marí para hacer frente a facturas de luz, agua o gas. En 2016 la subvención ascendió a 25.334 euros: 6.945 euros que recibieron 45 familias para que abonaran 70 albaranes de gas y electricidad; y 18.388 euros para 90 facturas de suministro de agua. A la dotación se suman otros cuatro mil euros que aporta la empresa Aqualia para evitar cortes del servicio.
«Con la pensión que percibe mi marido apenas nos sobran 27 euros al mes, con eso no podemos pagar las facturas. Y tenemos que llenar la nevera y poder comer», relata María. Estas semanas atrás en plena ola de frío pudo caldear la casa y tener el agua de la ducha caliente.
«Estas ayudas nos vienen como agua de mayo», afirma, pero rechaza los dispendios. «Yo aplico a rajatabla todas las restricciones que puedo. Por la noche no dejo la tele o el tdt con el standby sino que lo apago del interruptor; enchufo la estufa y en cuanto se caldea un poco la casa, la apago; hago la cena por la tarde antes de que suba la tarifa y por la noche la caliento en el microondas en dos minutos; pongo las lavadoras a carga completa; y siempre estoy encima de mis hijos para que cierren rápido la nevera, apaguen enseguida las luces o para que no estén dejando correr el agua de la ducha. Ahorro lo que puedo, pero vivir así es un agobio», admite.
María sostiene que la factura del suministro de agua y de luz «te cruje cuando las recibes, y pagas más por impuestos que por el propio consumo».
