Paula, la joven de Tavernes Blanques con dos hijas de 4 y 6 años condenada a abandonar su casa por impago del alquiler, ya ha sido desahuciada. Tal como contó este periódico, el desalojo tendría que haberse producido el 8 de febrero pero el juzgado de Moncada que lo ordenó decidió retrasar la ejecución hasta el 14 de marzo después de que el Ayuntamiento de Tavernes remitiese un informe sobre la situación de vulnerabilidad de esta familia. Tanto es así que en la misma sentencia condenatoria se instaba a la administración pública a
Pero, finalmente, Paula y sus hijas se han refugiado «de momento» en la casa de una amiga, según explicó ayer la joven, que ha preferido esta solución a la de entrar en una casa de acogida que le ofreció el consistorio, que también solicitó a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE) una vivienda pública para la joven en su municipio.
En Tavernes existen 120 pisos sociales que gestiona la EIGE, pero en la actualidad están todos ocupados. Por ello, tanto el consistorio como la propia afectada solicitaron que se les concediera una vivienda del parque público de la Generalitat en València ciudad, lo que le permitiría no tener que sacar a sus hijas de su actual colegio. Pero, tal como ya contó la afectada, «la EIGE me ha dicho que para optar a una vivienda social en València tengo que estar al menos un año empadronada allí». «Es uno de los requisitos básicos que incluye el Decreto 75/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Protección Pública a la Vivienda», confirmó la entidad dependiente de la Generalitat a Levante-EMV.
El desalojo definitivo de Paula y sus hijas tuvo lugar el martes, el mismo día en el que la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de Mislata hacían público el realojo de Jazmín, una mujer con tres hijos vecina de esta última localidad que también había sido condenada a abandonar su piso por impago del alquiler. Al igual que la madre de Tavernes, la de Mislata tampoco está trabajando en la actualidad y cuenta únicamente con una renta garantizada de menos de 500 euros. Pero, en este último caso, pese a que Jazmín está empadronada en Mislata desde hace tres meses (aunque llevaba más de un año residiendo en el municipio), la vivienda que se le ha concedido está en València.
La gran diferencia entre los dos casos, según explicaba ayer la EIGE a este periódico, es que la vivienda que se le ha entregado a Jazmín no pertenece al parque público de la Generalitat sino a Bankia y tanto la entidad autonómica como el consistorio se han limitado a mediar con la entidad bancaria para que cediera el inmueble en virtud a un convenio firmado con la conselleria para casos de «gran vulnerabilidad social». La condena de desahucio a Jazmín contó con una contundente respuesta a través de las redes sociales por parte de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), que instaba al consistorio mislatero y al alcalde Carlos Fernández Bielsa a tomar medidas para evitar que la madre con tres hijos se quedara en la calle.
«El Ayuntamiento de Mislata, actuando rápida y eficazmente ante la situación comprometida en la que se encontraba la familia, nos pidió que intentáramos buscar una solución al problema -explicaba ayer la EIGE a Levante-EMV-. Nosotros solo actuamos como intermediarios ante Bankia, cuyo comité ejecutivo decidió adjudicar una de sus viviendas, con contrato de alquiler, a esta familia».
«El caso de Tavernes -asegura la entidad a continuación-, era completamente diferente. La familia solicitaba la adjudicación de una vivienda del Parque Público de la Generalitat. No habiendo (en Tavernes), se les informó que tenía que solicitarlo en otro lugar, pero que tenía que cumplir los requisitos de empadronamiento y tramitación en la lista de espera».
Por tanto, según concluye la gestora de las viviendas sociales del Consell, «desde la EIGE se ha actuado de forma totalmente transparente, en pleno cumplimiento de la normativa vigente y coordinación con el Ayuntamiento de Mislata para resolver un caso de vulnerabilidad social que necesitaba una actuación rápida y eficaz. En esta ocasión, como intermediarios y no como adjudicadores de ningún tipo de vivienda».
También el Ayuntamiento de Tavernes explicó ayer que el caso de su vecina y el de la de Mislata son diferentes. «Pueden parecer a priori similares, pero existen diferencias tanto en los casos -cuyo contenido es reservado- como en la motivación: para la familia de Mislata se ha considerado un alquiler social; pero para el caso de Paula se necesita una vivienda de protección social, cuyo tutelaje corresponde a EIGE», afirmaron.
