El juzgado número 1 de Moncada que dirige el magistrado Joaquim Bosch continúa investigando por un presunto delito de estafa contra el anterior gobierno del PP que presidía Juan José Medina y los dirigentes de la empresa municipal Pemsa que hipotecaron terrenos de un polígono industrial que contaban con un compromiso de compra a seis mercantiles que habían adelantado ya 1,14 millones. El pasado mes de marzo el juez remitió una providencia a la dirección de la empresa municipal (que era agente urbanizador del proyecto de ampliación del polígono Moncada III) para que le aportase la documentación cruzada con Bankia por la que Pemsa pedía un crédito hipotecario sobre las parcelas de este PAI (las que ya había vendido) para refinanciar un crédito ICO de un millón de euros al que no había podido hacer frente. Esta operación se llevó a cabo tras recibir en 2013 el visto bueno del pleno municipal con los únicos votos a favor de los entonces ediles del PP que ahora están siendo investigados por ello y que ya declararon en julio de 2016.
Además, el juzgado pide a Pemsa (que se encuentra en concurso de acreedores tras haberse aprobado anteriormente un ERE de extinción de empleo) que certifique el destino que se dio al dinero que la empresa municipal cobró a las seis empresas que compraron alguna parcela en el polígono y que suponía la mitad de su importe. Según las fuentes municipales consultadas, las obras de reparcelación del polígono Moncada III nunca se llevaron a cabo y, pese a ello, el dinero entregado nunca se devolvió. Hasta el momento de la investigación del fiscal, los compradores habían pagado 1,14 millones de euros de los 3,34 millones que se previeron en las distintas operaciones. Estos seis compradores figuran ahora como denunciantes.
Pero además de esta documentación relacionada directamente con la hipoteca de los terrenos que ya no pertenecían a Pemsa, el magistrado parece abrir una nueva vía de investigación al hacer otro requerimiento. En la misma providencia, Bosch pide a la actual dirección de Pemsa información sobre los depósitos previos por un total de 425.000 euros que realizaron 315 empresas para poder optar a la adjudicación de una parcela en la ampliación del polígono Moncada III.
En su providencia, el titular del juzgado responsable de las diligencias pide a la mercantil pública que certifique el nombre de las 315 empresas que depositaron 1.500 euros de fianza para optar a la adjudicación de una parcela en el futuro polígono, y cuáles de ellas están entre las 76 seleccionadas. También reclama a Pemsa que aporte el justificante de devolución de esos 1.500 euros a aquellas empresas a las que se les hubiera devuelto el depósito y que indique a qué empresas no se les devolvió. Por último, Bosch también requiere a la mercantil que «certifique el destino que se ha dado a los depósitos de 1.500 euros que cada empresa candidata entregó a Pemsa y que no han sido devueltos».
Consultada ayer por este periódico, fuentes de la actual dirección de Pemsa señalaron ayer que quedaría por devolver unos 120.000 euros de los 425.000 que entregaron los aspirantes a obtener alguna de las parcelas que finalmente no se ejecutaron. Los actuales responsables políticos de la empresa (es decir, el equipo de gobierno que preside la socialista Amparo Orts) desconocen qué se ha hecho de ese dinero ya que, según han apuntado las auditorías externas solicitadas por el ejecutivo local , se usaba una «caja única» lo que dificultaba el control interno de la mercantil. En estas auditorías se señala que el montante de las fianzas a devolver sería de unos 108.000 euros.
En estas auditorías, de las que se dio cuenta en un pleno extraordinario el pasado mes de diciembre, también se informa que de los 1,14 millones que cobró anticipadamente Pemsa tras comprometerse a la venta de parte de sus terrenos en el polígono por 3,3 millones, se reconoció un ingreso contable de 663.302 euros. En las auditorías no se especifica tampoco qué hizo Pemsa con este dinero.
