El Ayuntamiento de Picassent ya conoce los resultados de la auditoría llevada a cabo por la Interventora sobre las cuentas de los ejercicios 2013, 14, 15 y 16 de la anterior dirección de la Junta Local Fallera. Informe que ha corroborado las sospechas de una presunta malversación de fondos llevada a cabo por los miembros de dicha Junta Local durante los ejercicios 2014-15 y 2015-2016 y que ha sido trasladado al Tribunal de Cuentas, único órgano competente para determinar la existencia de responsabilidad contable.
Según fuentes del mundo fallero, el informe revela que se realizaron facturas falsas por un valor de 3.500 euros, y otro montante similar en facturas no justificadas. Estos 7.000 euros se suman a los cerca de 3.000 que aparecen como deuda por lo que se llega a los 10.000 euros de deuda que denunció la actual JLF cuando asumió el cargo en 2016 y que ha motivado esta investigación por parte del ayuntamiento.
Teniendo en cuenta que la JLF se nutre exclusivamente de la subvención de 10.000 euros anuales concedida por el consistorio, estas irregularidades determinan que se haya de iniciar un procedimiento de reintegro. Así, se les ha concedido un plazo de 30 días a los cerca de 16 miembros que formaron parte de la JLF de los ejercicios 2014-15 y 2015-16 para que entre ellos diriman sus respectivas responsabilidades y devuelvan el dinero malversado de forma íntegra. Hay que tener en cuenta que la falsificación de facturas es considerado un delito penal, y se podrían abrir otras vías en caso de no producirse el reintegro de la cantidad malversada.
También, dado que hay indicios de responsabilidad contable, se trasladará dicho informe al Tribunal de Cuentas, único órgano competente para determinar la existencia de responsabilidad contable.
Creará un precedente
Dado que el expediente ha sido trasladado al Tribunal de Cuentas, habrá que esperar la decisión que finalmente adopte este organismo y que probablemente se prolongará en el tiempo. Sin embargo, este informe seguro que crea un precedente en el ayuntamiento quien a partir de ahora llevará un control más exhaustivo del uso de su subvención a la JLF. De hecho, la de este ejercicio 2016-17 fue «congelada».
