La empresa Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA) ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Manises al aceptar el consistorio que la urbanizadora del PAI Barri d'Obradors no indemnice a la mercantil por el traslado de su supermercado.
DIA exige que se le paguen 560.000 euros por tener que cesar su actividad a consecuencia de la reparcelación forzosa del suelo en el que tiene sus instalaciones, para el posterior desarrollo de este proyecto urbanístico. En cambio, La Terraza de los Silos (la urbanizadora) señala que la empresa terminó en 2014 su contrato de arrendamiento en este sector y, por lo tanto, desde entonces DIA sigue ocupando el suelo mediante prorrogas de contrato. Por ello, la urbanizadora considera el cese de su actividad no será por el desarrollo del PAI sino por la conclusión de este contrato de alquiler, así que no tiene que pagarle ni un euro de indemnización.
Aunque en un principio el ayuntamiento le dio la razón a DIA y consideró que la empresa de alimentación tenía que ser indemnizada con los 560.000 euros, los posteriores informes de los técnicos municipales han hecho cambiar la postura del gobierno cuatripartito. En este informe se señala que, en sus alegaciones, DIA «obvia (...) determinar las causas reales por las que se produce la necesidad del traslado de la actividad y pérdida del derecho de arrendamiento que, de hecho, no son debidos al desarrollo de la actuación urbanística del PAI Barri d'Obradors, sino a que la citada mercantil ha agotado los plazos máximos de los contratos de arrendamiento que le otorgaban el título para ocupar las parcelas en cuestión y que le permiten el ejercicio de su actividad».
Reducción de la penalización
Pero éste no es el único conflicto judicial en el que se haya inmerso el Ayuntamiento de Manises por culpa del PAI del Barri d'Obradors. La propia urbanizadora también ha presentado un contencioso contra el consistorio por la penalización de medio millón de euros que esta le obliga a pagar a los propietarios por las indemnizaciones antes de mayo de 2010 para poder inscribir en el Registro de la Propiedad el proyecto de reparcelación. Y el contencioso se presenta pese a que el consistorio ha tenido que reducir el montante de la penalización, que en un principio se estimó en 4,5 millones de euros, para cumplir con los términos de la Ley de Contratos, según señalaron ayer fuentes municipales.
Fue en un pleno de abril de 2016 cuando el consistorio impuso una penalización de 4,5 millones a La Terraza de los Silos por el incumplimiento de sus obligaciones como gestor de la urbanización. El proyecto contemplaba la construcción de más de 700 viviendas, un 30 % de protección oficial, en la zona que antiguamente ocupaban las fábricas de cerámica y que ya fueron derribadas. El agente urbanizador había firmado un acuerdo con el ayuntamiento en enero de 2008 para el desarrollo de este plan urbanístico sobre una superficie de más de 54.000 m2. Dos años después, la empresa licitó las obras de urbanización del PAI con un presupuesto de 9 millones.
Entre las cláusulas del contrato se establecía que la empresa debía abonar la totalidad de las indemnizaciones a los titulares de terrenos o derechos con derecho a ser indemnizados. En total, el agente urbanizador tenía que hacer frente a un montante de 4,2 millones en pagos a los propietarios del suelo. Las compensaciones económicas servían para pagar las edificaciones existentes que iban a desaparecer con la actuación urbanística así como los negocios que cesarían su actividad, como una antigua discoteca.
