El exalcalde de Mislata Manuel Corredera (PP) se sentó ayer en el banquillo, acusado de un delito de prevaricación administrativa por «eludir» la ley de contratación pública al contratar «directamente con proveedores compromisos de gastos por encima del límite permitido para la contratación menor y fraccionando el objeto del contrato pese a ser único al objeto de que no superara el límite permitido para la contratación menor». El dirigente se enfrenta a diez años de inhabilitación para cargo público.
Corredera negó cualquier reponsabilidad por la firma de los decretos que ordenaban los pagos,-más de medio millón de 2007 a 2011- limitando su actuación a rubricar unos expedientes «que venían avalados por jefes de departamentos y concejales. No miro todos los folios, firmo la última hoja. Podía firmar 200 decretos en un día. Si la factura estaba conformaba, la firmaba y si había reparos, miraba qué pasaba».
Sobre los fraccionamientos de contratos para eludir el concurso público, Corredera aseguró que «desconocía» que esto pasara y que «nunca recomendé una empresa». El exalcalde apuntó que si hubo fraccionamiento «no creo que se hiciera de forma voluntaria» y defendió que «sería sobre la marcha», con un curioso símil: «Si en un catering falta agua, voy a por agua; y si faltan sillas, voy a por sillas». En este sentido, el dirigente se mostró «convencido» de que los ediles y técnicos pedirían ofertas a otras empresa para una actuación fuera de concurso, «pero no lo sé».
De todas formas, Corredera quiso justificar varias facturas a una misma empresa al ser trabajos «que no tenían nada que ver unos con otros». Así, explicó que los pagos a una firma por tres facturas de 37.000 euros en total «fueron tres reparaciones en fechas distintas por desperfectos en una fuente de un cruce de Mislata ocasionados por conductores» y que los 74.000 euros en dos albaranes a otra mercantil fueron por «obras del colector frente a un colegio» y por reformar una acera. El límite de contratación para evitar el concurso era entonces de 50.000 euros. «Los técnicos dicen que la actuación era correcta», defendió.
En cambio, admitió que sí hubo reparos por los 29.000 euros para actuar en el conocido entonces como hiper de la droga, en el límite del Parque de Cabecera. «No recuerdo el contenido, pero aquella actuación era urgente», sentenció. Así mismo, dijo que todos los decretos «estaban también firmados por el secretario» y que éste «nunca me manifestó reparos».
Por su parte, la funcionaria municipal acusada también de prevaricación administrativa mientras ocupaba la jefatura del servicio de Cultura, relató durante la vista, que eran los técnicos «los que pedían más ofertas al estar más en contacto con las empresas» y que ella se encargaba de «realizar el informe jurídico de cada expediente, y lo hacía si el informe de intervención era positivo, si no lo era, regresaba al departamento para subsanarlo». La trabajadora, ahora jefa de Personal, reveló que en el «momento de la tramitación de los expedientes no había reparos» y la interventora «lo hizo meses después (noviembre) de que se firmarán los decretos de pagos de las facturas (agosto)».
La investigada dijo que en la Feria de la Asociaciones se firmaron 25 contratos y admitió que al celebrar un evento «da más seguridad adjudicarlo a una sola empresa, pero si no puede ejecutar algunos servicios debe subcontratarlos y se encarece». Además, reconoció que si llegaba alguna petición de servicio «a última hora había que contratarla».
