El gobierno local de Torrent ha decidido paralizar, por ahora, la nueva adjudicación de los uniformes de la Policía Local que estaba prevista esta semana. Tras conocer que el empresario que iba a resultar adjudicatario fue detenido hace unos días y llevado a la Comisaría de Quart de Poblet para que prestara declaración como imputado por un presunto caso de amaño de contratos de uniformes en Santa Pola, como ayer publicaba Levante-EMV, el ejecutivo ha frenado la adjudicación.
Según fuentes municipales, el propio alcalde Jesús Ros lanzó esta propuesta en la Junta de Gobierno Local que tenía que aprobar la adjudicación a la empresa Insignia SL, siguiendo la propuesta que había realizado la mesa de contratación por unanimidad. Las otras dos firmas que concurrían al proceso habían quedado descartadas en los informes técnicos por incumplimientos de documentación o de la normativa autonómica sobre los uniformes.
Todos los ediles estuvieron de acuerdo en dejar sobre la mesa el asunto. Un día antes, el concejal del Partido Popular Nacho Carratalá, que ha denunciado de forma más incisiva el proceso anterior, había tramitado un escrito en el que solicitaba que se aplicara «la máxima diligencia en el procedimiento».
El caso de los uniformes de Torrent se remonta a 2015 cuando se adjudicó a la empresa Insignia. El Partido Popular trató de impugnar el proceso porque se habían contratado prendas de un color distinto al que recoge la normativa autonómica y porque consideraba que el pliego beneficiaba a la firma que ganó el concurso. El montante económico del contrato ascendía a 200.000 euros.
Durante el proceso, la Generalitat Valenciana llegó a enviar un escrito en el que descalificaba la actuación municipal. Finalmente, el asunto desembocó en una comisión de investigación. Por las sesiones pasaron el director general de Seguridad, José María Ángel o la directora del Ivaspe, entre otros políticos, técnicos y empresarios. En las conclusiones se culpó al director general de Seguridad por su ambigüedad en los escritos que envió durante el proceso y se acordó retirar ciertas competencias en materia de contratación al edil de Seguridad, José Antonio Castillejo, y al jefe de la Policía Local.
Caso en el juzgado
De forma paralela, el Partido Popular acudió a la Fiscalía a denunciar el caso y la institución lo admitió a trámite, ordenando a un juzgado de la ciudad que lo investigara. En la primavera de 2017 se produjeron las primeras declaraciones de testigos, entre los que estaba el secretario del Ayuntamiento de Torrent y la directora del Ivaspe.
