El Partido Popular de Paterna le ha pedido a PSOE y Compromís que "comiencen a reclamar de una vez" a la Generalitat el dinero que le debe al municipio en concepto de ayudas, subvenciones y programas.Así, el PP desvela que la Generalitat le debe a Paterna en torno a un millón de euros. El Grupo Municipal Popular también insta al Gobierno del Batà a que reivindique a la Diputación el 1.988.332,62 euros que adeudan.

El PP considera que toda esta situación es como "la pescadilla que se muerde la cola, puesto que la institución autonómica retrasa demasiado el pago de las ayudas y subvenciones que aprueban conceder a los Ayuntamientos, por lo que las arcas municipales se ahogan sin que el equipo de Gobierno reclame a sus jefes políticos lo que nos adeudan."

Una de las subvenciones que debe la Diputación es la "Dipu Te Beca", gracias a la cual muchos jóvenes tienen la opción de tener su primera experiencia laboral remunerada en el Ayuntamiento de Paterna durante los meses de veranp. El PP critica además que este año se ha vuelto a ver reducida a 38 plazas, por lo que la portavoz del grupo municipal María Villajos, critica que "los recortes de los servicios públicos que estamos padeciendo y que afectan a un sector tan importante como nuestros jóvenes."

Asimismo, la Generalitat debe a las arcas municipales 116.928 euros en los Programas de Cualificación Profesional Inicial, que son programas dirigidos a jóvenes en edades comprendidas entre 16 y 21 años, que no han obtenido el graduado ESO ni ninguna titulación de formación profesional. Para el PP, a este asunto se une la supresión de las tres unidades de Formación Profesional en la Escuela Profesional La Salle, por lo que "se está desatendiendo a los jóvenes más vulnerables, dejándolos en el más absoluto olvido por parte de PSOE y Compromís".

Finalmente, el PP denuncia que la Generalitat Valenciana tiene pendiente de abonar 248.499,174 euros, de partidas presupuestarias relativas a la atención a personas con diversidad funcional y al centro de día para discapacitados, así como otros 91.800 euros en los centros y programas de reinserción social de drogodependientes, y la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas.