Un oficial de la brigada del Ayuntamiento de Aldaia falleció en noviembre del año 2012 a causa de las lesiones que le produjo una caída de la escalera donde estaba trabajando en la poda de jardines. Cinco años después, una sentencia firme ha condenado por los hechos a tres funcionarios municipales (el jefe de Personal, el jefe de la Brigada y el coordinador), para los que establece multas por valor de unos 6.400 euros. El texto original les imponía un año y medio de cárcel por un doble delito -contra los derechos de los trabajadores y por homicidio por imprudencia grave- aunque, a propuesta de la defensa y con el acuerdo de la Fiscalía, se ha conmutado por las sanciones. Además, quedan inhabilitados para el sufragio pasivo durante el tiempo que duraba la condena.
El accidente del oficial de la brigada se produjo el 6 de noviembre de 2012 cuando estaba realizando tareas de poda del arbolado de la plaza del País Valencià. El operario actuaba sobre un naranjo a una altura de 2,4 metros, cuando la escalera se desequilibró y cayó. La escalera y la maquinaria se le vinieron encima. El empleado tuvo lesiones intracraneales que provocaron su muerte un día después. Ni la calle estaba señalizada para la realización de trabajos ni la escalera estaba homologada con marcado CE y sistemas antideslizamiento, además de que el freno no funcionaba bien, según se ha establecido en otra sentencia de un proceso administrativo. Además, el trabajador no llevaba equipo de seguridad de casco y arnés y el plan de prevención de riesgos municipal no estaba legalmente confeccionado, a pesar de que el consistorio ya tuvo un requerimiento de la Inspección de Trabajo en 2007.
Por todo ello, una sentencia ha otorgado la responsabilidad en los hechos a los tres funcionarios que eran los responsables de las condiciones de trabajo del oficial, sin que se haya culpado a ningún cargo político del consistoirio, cuyo gobierno estaba entonces en manos del Partido Popular. El fallo ya es firme dado que, al llegar al acuerdo, renuncian a recurrir.
Este procedo judicial fue uno de los varios que derivaron del accidente. Fuentes del ayuntamiento han informado de que, en su momento, los familiares recibieron una indemnización municipal de 142.000 euro, que pagó la aseguradora del consistorio.
En el mismo proceso, una segunda sentencia ha condenado al Ayuntamiento de Aldaia a pagar más de 130.000 euros a la Seguridad Social para complementar la pensión de viudedad que recibirá la que era la esposa del funcionario fallecido. El fallo se remonta a febrero de 2016 aunque el consistorio planteó un recurso de súplica, que ha sido desestimado.
En el fallo judicial se declara «la existencia de responsabilidad empresarial» del ayuntamiento «por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, en el accidente». De ahí que el tribunal decidiera aumentar la prestación económica a la viuda en un 50%, con cargo íntegramente el ayuntamiento, tal y como proponía una resolución de la Seguridad Social como consecuencia de la actuación, en su momento, de la Inspección de Trabajo. En total son más de 130.000 euros que el consistorio tendrá que pagar de las arcas municipales, según explica el alcalde, Guillermo Luján, ya que esta condena no está cubierta por el segudo. De hecho, el pleno aprobó hace unos días la modificación de créditos para realizar ese pago a la Seguridad Social. No obstante, el ayuntamiento no se hace cargo de las sanciones que se han impuesto a los tres funcionarios. «Los técnicos municipales han estimado que esas multas les corresponden a ellos», señala el alcalde.
