Una resolución de alcaldía de abril de 2017 considera que Álvaro Aleixandre, funcionario del ayuntamiento desde los años 80 y que ha ostentado cargos en distintas administraciones (fue secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat Valenciana en la etapa del PP) cometió una falta grave al ejercer de abogado fuera del ayuntamiento por la «incompatibilidad legal» de ambas actividades. El funcionario había llegado a ser Oficial Mayor y tesorero en el pasado mandato con el PP en el gobierno local.
El expediente se inició en marzo de 2016 cuando el Ayuntamiento de Quart de Poblet comunicó al de Aldaia que el técnico se había presentado a una licitación, de la que había sido excluido. En su defensa, el abogado alegó que contaba con un acuerdo del pleno de 1986 para ejercer fuera del consistorio y que durante años había actuado «en todos los órdenes jurisdiccionales y en varios partidos judiciales tanto de la provincia de Valencia como fuera» aunque nunca en asuntos relacionados con el Ayuntamiento de Aldaia.
Su prueba de compatibilidad no fue admitida por considerar que había caducado hace años sin que él la hubiera renovado, por lo que acabaron aplicándole una sanción de tres años de suspensión de empleo y sueldo por falta grave, el pasado mes de abril. El afectado ha recurrido el caso en el juzgado.
