El juzgado de lo contencioso administrativo de València ha condenado al Ayuntamiento de Paiporta a indemnizar con 1,8 millones de euros a los propietarios de un solar del municipio, en el que se urbanizarán tres viales. El consistorio ha acatado la sentencia y el pleno ya ha aprobado por unanimidad una modificación de crédito para derivar 1,5 millones del remanente de tesorería al presupuesto 2017 y hacer frente al pago con cargo a este ejercicio.
El caso se remonta a la última etapa del Partido Popular en el consistorio. El objetivo era urbanizar los tramos de tres calles -Pintor Benedicto, Poeta, Llorente y Enrique Reig-, que hasta ahora desembocan en un gran solar, frente a la calle Mestre Serrano. El terreno se ha convertido durante muchos años en una gran zona de estacionamiento.
El equipo de Gobierno que lideraba Vicente Ibor decidió iniciar el proceso expropiatorio y encargó al departamento técnico un informe para tasar el coste del suelo necesario para urbanizar y acabar los tres tamos de calles pendientes. La valoración municipal fue a la baja y no superaba los 300.000 euros. Los dueños rechazaron la oferta del ayuntamiento, al igual que la tasación realizada por el Jurado Provincial de Expropiación. Su decisión fue presentar un contencioso administrativo.
La sentencia, conocida hace apenas unas semanas, les ha dado la razón y ha elevado la indemnización que deben percibir hasta los 1,8 millones de euros. La cantidad incluye, además del valor del suelo cifrado en 1,4 millones, unos 70.000 euros por afección y más de 353.000 euros por ocupación de hecho.
El equipo de gobierno actual -Compromís, PSPV y PodEU- ha decidido acatar la sentencia y no presentar recurso. De hecho en un pleno extraordinario, todos los partidos de la corporación aprobaron por unanimidad la operación de modificación extrajudicial de crédito para pasar 1,5 millones del remanente de tesorería a las cuentas de este ejercicio para que cuando la sentencia sea firme, a lo largo de lo que resta de año, las arcas locales tengan el dinero preparado. De hecho, en los prepuestos de 2017, el equipo de gobierno ya consignó más de 300.000 euros en previsión.
En la sesión plenaria, el concejal de Urbanismo, Josep Val, apuntó que es «algo habitual que haya diferencias en el justiprecio y los dueño hayan presentado un contencioso, que han ganado», pero recordó que «ahora se paga por una expropiación, pero cuando se urbanicen las calles habrá un retorno para el ayuntamiento», cuestión que deberán cuantificar los técnicos en su momento. En este sentido, tanto PP como PSOE también coincidieron en que se debe pagar, incluso Ibor calificó de «coherente» la estrategia del equipo de gobierno al derivar parte del remante al presupuesto para abonar la sentencia. «El tribunal establece que los viales deben ser expropiados por el ayuntamiento que es quien los está usando», explicó el exalcalde.
Por su parte, Vicent Císcar, teniente de alcalde (PSOE) resaltó que el objetivo «es solucionar un problema enquistado y estoy convencido de que la voluntad de todos los gobiernos (anteriores) era solucionarlo» y preguntó «de qué manera el PP podría haber pagado en 2014 más dinero de lo que consideraba un informe técnico. La sentencia te puede parecer bien o mal, pero es lo que hay». La alcaldesa Isabel Martín avanzó que con este paso «se inicia el proceso para reordenar el problema del solar de Maestro Serrano».
