El Ayuntamiento de Mislata ha resuelto el expediente disciplinario incoado contra F. C. L., el agente de la Policía Local condenado a dos años de cárcel y once meses de inhabilitación por el Tribunal Supremo por imponer cuatro multas de tráfico por infracciones inexistentes a una persona con la que estaba enemistado.
El caso se remonta a finales de 2014. La víctima, un transportista jubilado residente en Torrent, recibió varias denuncias por infracciones supuestamente cometidas en Mislata, el municipio en el que su vecino ejercía se policía local y al que, aseguraba, jamás haber ido en coche. Buscó explicaciones, sin éxito, en la central de la Policía Local de Mislata. Fue entonces cuando acudió al juzgado. La investigación determinó que Nicolás no firmaba las denuncias, sino que fueron otros cuatro agentes de la Policía Local de Mislata, que acabaron detenidos. La Audiencia Provincial condenaba a finales de 2015 a F. C. L. a cuatro años y seis meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y a la pérdida «pérdida definitiva del empleo como policía local».
El condenado recurrió al Supremo que rebajó la pena a dos años de cárcel y once meses de inhabilitación.
Desde el momento de su detención en febrero de 2014, el funcionario fue suspendido de funciones provisionalmente.
A principios de este año, Mislata abrió un expediente sancionador contra el agente, al margen de la condena de la Audiencia Provincial, que era la que estaba vigente en ese momento. El procedimiento lo instruyó el Inspector de la Policía Local, que concluye que F. C. L. cometió una «infracción disciplinaria de carácter muy grave». Entre los argumentos del oficial, se desprende que «nada vulnera más la seguridad de los ciudadanos que la noticia de que aquellos que tienen confinada la vigilancia de la seguridad del tráfico traicionen esa misión con conductas como la descrita». Por ello, resuelve imponer la sanción de seis años de suspensión de funciones de Policía Local. Al mismo tiempo, el instructor también resuelve iniciar el procedimiento para «la devolución de lo percibido durante el tiempo de duración de la suspensión provisional».
El afectado presentó en su momento alegaciones al expediente, argumentando, entre otros motivos, que la propuesta de resolución no valora los hechos objeto de sanción. Ahora tiene la posibilidad de presentar un recurso de reposición o un contencioso-administrativo.
