El juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Moncada ha sobreseído la querella por prevaricación que el Partido Popular interpuso contra el alcalde de Almàssera, Ramón Puchades por el pago de 150.000 euros en facturas y otras decisiones de índole organizativo.
En el fallo judicial se deja claro que para que una actuación sea consideraba prevaricación no es suficiente «la mera ilegalidad sino la arbitrariedad» y, por contra, las decisiones en las que se basaba el caso son prácticas que también existían en anteriores mandatos en el consistorio, con equipos de gobierno diferente.
El PP acudió al juzgado a denunciar la autorización de pagos irregulares de unos 150.000 euros de contratos menores que ya habían caducado y al abono de facturas que no se correspondían con contratos administrativos. Además, se acusaba al mandatario de aprobar el pago de productividades por 10.000 euros en contra del criterio de la interventora y de la puesta en marcha de un programa de colaboración social «a sabiendas de su ilegalidad pues la Inspección de Trabajo ya había resuelto desfavorablemente» en su edición anterior.
Tras analizar la documentación y escuchar algunos testimonios, el juez concluye que «en mogo alguno puede concluirse que se den los elementos necesarios para la integración del delito de prevaricación, al que hace referencia la querella».
En el proceso ha sido clave el testimonio de la interventora, que reconoció reparos al pago de facturas fuera de contratos pero aseguró que había comprobado que los trabajos se habían realizado. La alta funcionaria insistió en que esta forma de actuar no la había implantado Puchades sino que «venía dándose con anterioridad, incluso con equipos de gobierno de los que formaba parte el querellante». Un argumento similar esgrimió la interventora para el resto de asuntos.
De ahí que se acuerde el sobreseimiento provisional de la querella, que podrá recurrirse.
Tras conocer el fallo, el alcalde de Almàssera, Ramon Puchades considera que la querella «fue una desfachatez además de un acusación falsa», y recuerda que del pago total que se efectuó, 50.000 euros eran facturas pendientes de la corporación anterior ya que el PP «no se había pagado la luz de las calles de todo el año 2015 y algunas de diciembre de 2014».
El mandatario insiste en que el resto de facturas se referían a gastos corrientes del consistorio, además de que «no se ha sustituido a ningún proveedor y se ha intentado en todo momento trabajar tanto con empresas e industriales de la población».
Puchades ha criticado que en la querella se pidiera su inhabilitación como cargo público y como empleado público y ve «pocos escrúpulos» en el portavoz del PP «que han llevado a que no exista convivencia entre nosotros, ya que no puedes sentarte a negociar nada con quien ha intentado hacerte tanto daño, y lo único que ha conseguido son sentencias en vuestra contra».
El alcalde recuerda que es el tercer juicio al que se enfrenta en dos años con el coste que ha supuesto para el consistorio. «Hay mucho trabajo en este Ayuntamiento como para perder el tiempo en asuntos judiciales y obsesiones que rallan lo enfermizo por quien las realiza».
