La coalición Compromís per Mislata ha presentado alegaciones al presupuesto municipal para que no se cobre la plusvalía a ningún vecino que no esté obligado al pago del tributo, al haber vendido la vivienda a un precio inferior al de compra. Javier Gil, regidor y portavoz ha explicado que "varias sentencias, una de ellas del Tribunal Constitucional, han afirmado que únicamente es procedente cobrar el impuesto cuando hay un incremento de valor real y efectivo."

Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio de la vivienda usada cayó de manera ininterrumpida desde abril de 2008 a abril de 2014, lo que implica una pérdida de valores de los inmuebles, y, por lo tanto, del valor del suelo. Gil considera que "esta situación redunda en una caída muy significativa en la recaudación del citado tributo por lo que es inexplicable que para el presupuesto del 2018 el gobierno local incremente ligeramente los ingresos de la plusvalía en relación con otros ejercicios económicos".

E lasegura que "según los técnicos del Ayuntamiento de Mislata, en 2017 se interpusieron unas noventa reclamaciones contra la liquidación del impuesto". "Desde Compromís no queremos para nuestros vecinos unos presupuestos claramente confiscatorios y, por eso, reclamamos que se rectifique antes de su aprobación definitiva para que se ajuste a derecho", indican.