La alcaldesa de Catarroja de 2003 a 2007, Maria Ángeles López (UV), así como la mandataria de 2009 a 20015, Soledad Ramón, y su Junta de Gobierno Local formada por siete concejales del PP han declarado en el Juzgado de primera instancia número 3 de Catarroja por un presunto delito de prevaricación por la «sistemática contratación temporal irregular llevada a cabo en fraude de ley» por el ayuntamiento, que en su día denunció Esquerra Unida.
Los investigados se enfrentan a penas de inhabilitación para cargo público que oscilan entre los siete y los 10 años. Si bien la mandataria popular Soledad Ramón compareció junto a sus siete ediles también investigados y que formaban parte de su Junta de Gobierno (Rafael Sanchis, Miguel Martínez, Agustín Mimbrera, Vicente Comos, David Nácher, Sigfrido Ribes y Sandra Alfonso), ayer fue la exmandataria de Catarroja por UV, Mª Àngels López, la que testificó en el Juzgado número 3 de Catarroja, de forma individual, ya que sobre ella recae la acusación de realizar presuntas contrataciones mediante resoluciones de alcaldía.
La denuncia presentada por EU en septiembre de 2014 se apoya en varias sentencias que confirman que hubo contrataciones temporales irregulares. Se trata de las resoluciones que emitieron diversos juzgados (de primera y segunda instancia) por las demandas que en 2012 interpusieron siete empleados del consistorio después de ser despedidos tras varios años trabajando allí.
Maria Ángeles López aseguró ayer en el juicio desconocer que había sentencias favorables y que no sabía que la contratación irregular era una práctica del ayuntamiento.
En cuanto a la acusación de ocultar contratos de carácter indefinido bajo contratos temporales para, así, no tener que convocar un proceso público y poder dar los contratos de forma aleatoria, López afirmó que ella se limitaba a firmar la propuesta con el nombre del trabajador que le pasaba el concejal de Recursos Humanos, tras reunirse con los técnicos de ese departamento, y que nunca se le informó de ninguna irregularidad.
La mandataria de UV también aseguró desconocer los informes de la entonces jefa de servicios de Recursos Humanos del ayuntamiento avisando de la consecuencias jurídicas que se ocasionaban al sobrepasar las limitaciones de la contratación temporal del personal. La exalcaldesa afirmó además que tampoco recuerda hacer contrataciones a través de resoluciones de alcaldía, puesto que según explicó a la jueza, «tenía una media de 1.500 resoluciones diarias».
En cuanto a la acusación de hacer contratos a dedo, defiende que «nunca se entrevistaba» con los candidatos al puesto de trabajo y nunca ha tenido interés en colocar a nadie. Por último, la exalcaldesa asegura que, en caso de haber sabido que la contratación estaba fuera de la legalidad, «nunca lo hubiera consentido» y que cuando firmaba las contrataciones «suponía que estaba todo repasado y comprobado» y que de todas las operaciones estaban informadas la Junta y el Pleno.
La portavoz de EU y denunciante, Rosa Pérez, sin embargo, afirma que la alcaldesa debe asumir la responsabilidad de todo lo que firma y, en ese sentido, recuerda que, como edila de Juventud, convocó dos plazas de oposición pública para el Centro Juvenil y López eliminó el proceso «despidiendo a los interinos que estaban entonces y contratando a dos personas». «El problema es que esa mala gestión derivó a la privatización de servicios», añade.
