La «demora» en licitar el nuevo contrato del servicio metropolitano de autobuses para el núcleo que conforman Alaquàs, Aldaia, Xirivella y el Barrio del Cristo, por parte de la Generalitat Valenciana, está provocando que las asociaciones de vecinos, que llevan años movilizándose contra el precario transporte público, se planteen realizar nuevas acciones en los próximos meses.
La causa es que, en los últimos contactos en 2017 con representantes de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (que tiene las competencias en transporte), en dos reuniones en la Mancomunitat de l'Horta Sud, se les aseguró que el contrato estaría listo en enero para salir a exposición pública. Por ello, las asociaciones de los cuatro núcleos poblacionales, que suman 100.000 habitantes, acudieron hace unos días a una reunión con la nueva gerente de la Autoridad Metropolitana del Transporte (organismo que ha impulsado el Consell para que asuma todas las competencias) donde aseguran que se les informó de que el contrato no estará hasta junio. «De esta forma, entre la exposición pública y la resolución de las alegaciones, nos iremos a final de año y volveremos a estar en ejercicio electoral sin haber licitado la contrata», indica Paco Magro, uno de los portavoces de la Plataforma pel Transport Públic de l'Horta Sud, que agrupa a todos los colectivos.
Por su parte, Pepe Molins y Juanjo Blanco insisten en la «urgencia» del resolver «el problema de precariedad» en transporte público que tienen en la zona, conectada con València con un servicio de autobuses con frecuencia insuficiente y cuyo trayecto dura entre 40 y 50 minutos (en coche serían 10) y con una línea de trenes de Cercanías, la C-3, cuyo trayecto dura entre 30 y 40 minutos y que, en diversos tramos del día, solo pasa cada hora. En esta línea, Raquel Ruiz critica «la discriminación» que sobren estos municipios con respecto al área metropolitana, tanto en servicio como en precio, al no disponer de bono 10 y de otras modalidades de descuentos.
Los colectivos recuerdan que en el año 2014, durante la etapa de mandato del Partido Popular, y tras años de protestas, quedó redactado el nuevo contrato de lo autobuses «pero no llegó a licitarse en 2015 porque ya era año electoral», a pesar de que la adjudicación lleva años caducada, ya que data de marzo de 2001. El nuevo gobierno del Consell no siguió adelante con aquel pliego de condiciones porque pretendía promover un estudio integral de la movilidad metropolitana. «Primero nos dijeron que posiblemente agruparían las contratas y dos años después nos comunicaron que esta zona tenía el volumen suficiente para tener un contrato propio, que es lo que siempre hemos defendido», explican.
Ante la «disparidad» de criterios y de fechas, reclaman una reunión «directamente con la consellera María José Salvador» en la que se les presente un calendario «serio» y una «auténtica hoja de ruta». «Queremos que la contrata se licite en 2018 y que incluya los mismos bonos y descuentos que tienen otras zonas», indican los colectivos, al tiempo que vuelven a insistir en que el bono metropolitano ha de rebajar su precio a 13 euros.
