Hace unos días el PSOE planteó en el Parlamento crear un nuevo impuesto para «salvar» las pensiones de la Seguridad Social. Es cierto que el Estado ingresa menos de lo gastado cada año en pensiones, pero igual ocurre en la Sanidad, la Educación y los demás servicios públicos y nadie plantea que haya que salvarlos sino mejorarlos y ampliarlos, mediante una fiscalidad más justa y redistributiva y manteniendo su financiación con los ingresos ordinarios del Estado y de las demás Administraciones Públicas. ¿Por qué las pensiones no se consideran un servicio público como los demás? Porque así se decidió en 1996 con el Pacto de Toledo entre socialistas y partidos de la derecha (IU estuvo en contra), bajo la excusa de que separar la financiación de las pensiones del resto de finanzas públicas impediría a los gobernantes de turno recortarlas a través de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, tras las reformas introducidas en 2011 y 2013 por los gobiernos de Zapatero y de Rajoy respectivamente, se han venido recortado las pensiones por diversas vías: aumentar la edad de jubilación, congelar su revalorización o desvincularla del crecimiento de los precios, ajustarlas a la esperanza de vida....
En realidad, lo que se pretendió en el Pacto de Toledo y se pretende ahora con la falsa imagen de déficit e insostenibilidad es convertirlas en pensiones asistenciales para seguir abriendo camino a los planes privados que sólo podrán disfrutar los más pudientes. Amagan con defender las pensiones pero en realidad tratan de convencernos de que los déficit públicos son siempre malos y que hay que evitarlos aun a costa de imponer mayores desigualdad y recortes en el Bienestar de la población trabajadora (reforma constitucional del art. 135 de Zapatero).
Las empresas recurren constantemente al déficit para llevar a cabo sus actividades, al igual que hacen las familias (endeudándose para comprar viviendas, etc) y no pasa nada. También en la Administración pública debiera ser habitual e incluso necesario, siempre que se realice en favor de la mayoría social y bajo control público estricto.
Para defender las pensiones de verdad en lugar de nuevos recortes para acabar con el déficit de la Seguridad Social, hay que integrarlas en el marco de la financiación pública, como plantea tal cual el artículo 109.2 de la vigente Ley General de la Seguridad Socia que dice que el Sistema de pensiones «? descansa en las cotizaciones sociales, complementadas por aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social». Se puede mantener déficit en las pensiones igual que se mantiene en la sanidad y demás prestaciones públicas, como hacen otros países. ¡Basta de tergiversaciones y electoralismo!.
