El Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia ha mostrado su posicionamiento respecto a la polémica por la instalación proyectada de un centro de acogida de menores en Montecañada. El pleno aprobó el miércoles con los votos del PSOE, PP y Cs suspender licencias mientras se realiza un estudio de las actividades asistencias que contempla el PGOU y se abre un proceso participativo para que los vecinos opinen.
Con mayor conocimiento y alejados de la visión política o vecinal, desde el colegio de Trabajo Social defienden que la «adecuada atención a la infancia y adolescencia pasa por la adopción de un enfoque que garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos activos de derechos que requieren una atención prioritaria y ajustada de sus necesidades y carencias». En este sentido, los profesionales apuntan que «esto implica colocar el interés superior de los niños y niñas en el centro de las actuaciones sociales desde una perspectiva de corresponsabilidad social».
Desde el colectivo de profesionales, en el caso de los niños, niñas y adolescentes «que han sido objeto de una situación de desprotección, y por tanto requieren la adopción de medidas de protección por parte de la entidad pública competente para poder garantizar sus derechos, esta atención se traduce en una acción conjunta en la que todos los actores sociales (administraciones públicas, ciudadanía, sector privado, tercer sector) tienen que aunar esfuerzos para atender las situaciones particulares e individuales de cada niño o niña».
Por tal motivo, los trabajdores sociales abogan por «no poner el foco en el niño o niña y las posibles carencias, conductas o desafíos que plantee; sino poner el foco en las acciones que la sociedad y el entorno más cercano del lugar de residencia de ese niño o niña, como colectivo que acoge a una persona menor de edad, debe desarrollar para poder garantizar sus derechos como ser humano en crecimiento».
«Todo esto implica centrar las políticas en las personas y sus procesos de aprendizaje, crecimiento y desarrollo personal; y no centrarlo en las carencias, debilidades, o problemas. Es necesario un cambio de perspectiva para poder atender adecuadamente a un colectivo que precisa del apoyo de toda la sociedad», concluyen.
El colectivo de trabajadores sociales no ha sido el único en salir al paso del conflicto que ha generado el centro de acogida de menores sino que ayer, la propia ong Save the Children, a través de su cuenta de Twitter, se manifestó ayer sobre el asunto, al conocer el desarrollo del pleno de Paterna. «Los valencianos somos solidarios, es el desconocimiento de la situación de estos niños lo que puede impulsar el rechazo», dijeron, para añadir que «están solosporque sus familias no pueden atenderlos y tienen derecho a una oportunidad. Si les fallamos, fracasaremos como sociedad».
Malestar en el Consell
Por su parte, la cúpula de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha acogido con «gran malestar» la decisión del pleno de Paterna de suspender licencias para evitar que se instale el centro de menores. «Lo que cabe preguntarse es si algunos grupos en el ayuntamiento y parte de los vecinos se habrían opuesto también si el centro fuera acoger a mujeres maltratadas», manifestaron ayer a Levante-EMV los representantes de Políticas Inclusivas. En el departamento que dirige Mónica Oltra se plantearon «si un centro de acogida para mujeres maltratadas se sometería también a una consulta popular». «En los dos casos estamos hablando de dar apoyo a las personas más vulnerables». insistieron en la conselleria.
Por otra parte, en Políticas Inclusivas recordaron que en septiembre de 2014, el entonces presidente del Consell, Alberto Fabra, inauguró un centro de protección de menores de la Salle de Paterna. «Nadie dijo nada entonces, si se generó esta alarma».
