Carles Mulas

valencia

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró el pasado 1 de julio durante un discurso que el Congreso debe crear una reforma que legalice a los doce millones de inmigrantes sin papeles que se encuentran en territorio estadounidense. Obama acusó de tal situación a los intereses partidistas sobre este tema que enfrentan a republicanos y demócratas en el Congreso. El problema de la inmigración, y sobre todo tras la reciente ley de Arizona, está muy caliente de EE UU. Por eso, Obama, ante la proximidad de noviembre, cuando se cumple la mitad de la legislatura y hay que elegir senadores y representantes a la Cámara, tomó esta decisión para ganarse el apoyo de la comunidad hispana.

Ya en su momento el ex presidente George W. Bush defendió esta idea en 2004 con el denominado "plan bracero", y el senador Ted Kennedy hizo lo propio, aunque sin llegar a nada. Ahora Obama pide al Congreso que esos inmigrantes ilegales se registren para que puedan pagar impuestos.

Recurso legal del Gobierno

Mientras en Arizona se discuten las guías para que los policías del estado sepan cómo implementar la ley SB1070 -conocida como ley Arizona- sin usar perfiles raciales, el Departamento de Justicia de Washington inició el pasado martes la batalla legal para evitar que la controvertida ley entre en vigor. El Fiscal General, Eric Holder, recurrió la ley Arizona que convierte en delito penal la inmigración ilegal y pidió a la magistrada federal Susan P. Bolton que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor, prevista para el 29 de julio.

Desde que la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, promulgó la nueva ley, el pasado 23 de abril, ya son siete las demandas interpuestas contra la norma, incluyendo la del Departamento de Justicia. Entre los recurrentes hay grupos variopintos: desde la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) a Legal Momentum, una asociación que defiende a las víctimas de la violencia machista, o la Coalición Nacional de Clérigos Latinos y Líderes Cristianos.

Los abogados del Gobierno argumentaron que la norma infringe la Constitución estadounidense al adjudicarse competencias en materia de inmigración que corresponden al Gobierno federal.

"Bajo el ataque del presidente"

La gobernadora Brewer reaccionó duramente, al afirmar que "Arizona está bajo el ataque de violentos cárteles mexicanos y de traficantes de personas", y ahora también "bajo el ataque del presidente Obama". Brewer dijo que el recurso "no es más que un enorme desperdicio del dinero de los contribuyentes. Esos fondos podrían haber sido mejor utilizados en combatir a los violentos cárteles mexicanos y no en contra de los ciudadanos de Arizona", sentenció. Al duro posicionamiento de la gobernadora se unieron los dos senadores republicanos de ese estado, Jon Kyl y John McCain -ex candidato presidencial-, pero también políticos demócratas del estado, incluida la legisladora Ann Kirkpatrick, que entró en la Cámara de Representantes en 2009 y afronta una reelección incierta en noviembre.

La prensa estadounidenses informó recientemente sobre un video de entrenamiento policial que especificaba, "que la raza y el grupo étnico no podrán ser utilizados como base para sospechar que una persona se encuentra de manera ilegal en el país" y que "la situación migratoria de una persona será cuestionada solamente después que haya sido detenida por cometer una infracción de tránsito o un delito". Sin embargo, del dicho al hecho hay un trecho enorme, y en Arizona más. En el condado de Maricopa reina el famoso sheriff Joe Arpaio, y su temido programa 287(g) para detener y deportar indocumentados no es precisamente modelo de derechos civiles.

En junio, en una audiencia especial ante el Congreso, se describieron situaciones que van desde quejas de un banco de sangre que se negó a aceptar donaciones de latinos, hasta hispanas víctimas de violencia doméstica que por temor a ser delatadas a las autoridades migratorias viajan de Arizona a albergues en California para buscar ayuda.

Un muro de odio entre El Paso y Ciudad Juárez

Debajo del Puente Negro, en la frontera entre la ciudad de El Paso (EE UU) y Ciudad Juárez (México), puede leerse una pintada: "Sergio, tu muerte será vengada por el pueblo organizado y encabronado". El mensaje lo dejaron jóvenes reunidos en esta zona fronteriza el pasado 12 de junio. Cinco días antes, en este mismo lugar, un agente de EE UU disparó contra Sergio Adrián Hernández, un mexicano de 15 años que le arrojaba piedras, y lo mató. Fue la puntilla para la sociedad juarense, castigada por la violencia sexista y del narcotráfico y una recesión que golpea su economía.

La historia de Ciudad Juárez está marcada por su condición de frontera con EE UU. Cuando el territorio de Texas fue anexado por ese país, a mediados del siglo XIX, el centro de la villa quedó dividido por el entonces caudaloso Río Bravo, hoy una línea de agua con una doble cerca en la parte estadounidense. De un lado, Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Del otro, El Paso, en Texas.

Varios estudios señalan que 75% de los habitantes de El Paso son mexicanos o de origen mexicano. Pero las relaciones entre las dos urbes cambiaron sustancialmente a partir de la política de seguridad adoptada por Washington tras el 11-S. Además, la violencia del lado mexicano aportó un inesperado impulso económico a El Paso. Su Cámara de Comercio Hispana informa que más de 200 empresas mexicanas se trasladaron allí en 2009, un 40% más que el año anterior. Los contrastes son brutales. Desde 1993, casi 800 mujeres juareñas fueron asesinadas tras ser torturas y violadas. Desde enero de este año, Ciudad Juárez sumó más de 1.800 asesinatos, y El Paso sólamente uno. Además, la ola de violencia derivada de la guerra contra los cárteles de la droga dejó 5.400 muertos en los últimos tres años.