Septiembre es el último plazo marcado por la Conselleria de Medio Ambiente para remitir al Consell de la Generalitat la solicitud de Lafarge para prorrogar su actividad extractiva en la cantera del Salt del Llop, donde al actual permiso se agota en diciembre de este año. Fuentes del organismo autonómico han confirmado a Levante-EMV que el expediente está pendiente de un informe jurídico antes de elevarlo al ejecutivo valenciano para su resolución.

A partir de ahí, el dictamen será inmediato, según apuntan fuentes de Medio Ambiente, aunque también admiten que ese es el procedimiento habitual y éste que implica a la ocupación de la montaña de Romeu por parte de Lafarge «es bastante singular, no creo que haya precedentes». Hecha esta salvedad, lo normal es que, una vez se emita el informe jurídico, la conselleria eleve el expediente a la comisión previa que se encarga de preparar los temas del orden del día del pleno del Consell, donde, el mismo día que se trate este asunto, se espera el dictamen definitivo.

Mientras este procedimiento sigue su curso tras meses de enfrentamientos entre el Ayuntamiento de Sagunt y la cementera, el director de esta última, Miguel Ángel Urbano, evitaba hacer valoraciones a este rotativo sobre el expediente de infracción urbanística «muy grave» aprobado esta semana por el pleno al considerar que la multinacional no ha respetado las cotas acordadas en el contrato de concesión. «Estamos esperando que nos llegue la documentación y, una vez analizada, actuaremos en consecuencia», apunta.

Este dictamen contempla la exigencia a la cementera para que el día siguiente de recibir la notificación del acuerdo paralice la extracción de caliza en las zonas donde, según el ayuntamiento, ha superado la profundidad entre 150 y 160 metros, según la zona.

Más allá de esta cuestión, Lafarge estuvo presente en el pleno de Sagunt de esta semana desde el primer momento, cuando la oposición se negó a aprobar el acta de la sesión del 17 de enero, que fue monográfica sobre la cementera a iniciativa de PP, IP y Cs. El motivo es que «el acuerdo estuvo supeditado al anuncio por parte del alcalde de la suspensión del procedimiento, que se demostró falso, así que no estamos de acuerdo con lo que pasó en esa sesión», explican fuentes de la oposición en Sagunt.