A finales de mayo el Gobierno Valenciano recurrió al Decreto Ley para reformar algunos aspectos de nuestra legislación urbanística. Una reforma parcial y apresurada con beneficiarios muy concretos y que gracias a la holgada mayoría del PP en Les Corts, ha sido convalidada como ley poco antes de despedir el periodo de sesiones.

Bajo el rimbombante título «Medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo», el gobierno Camps ha colado dos auténticos regalos para operadores urbanísticos.Se busca favorecer a algunos Agentes Urbanizadores con una amnistía urbanística que les permitirá eludir sus responsabilidades ante la Administración y los propietarios afectados aún cuando hubiesen incumplido los plazos legales para desarrollar los Programas de Actuación Integrada (PAI) adjudicados. Tampoco verán desclasificados los suelos rústicos cuyo cambio a urbanizables promovieron aunque no estuviesen cumpliendo las obligaciones derivadas de aquella reclasificación. Presentada como «un respiro» para un sector tensionado por la crisis y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, la medida beneficiará especialmente a grandes promotoras —cuyos nombres son fáciles de adivinar—, que durante los años de furor especulativo acumularon más suelo del que el mercado podía digerir y que ahora, gracias al gobierno Camps, van a poder seguir haciendo figurar en sus activos a valor urbanístico unos terrenos que, en muchos de los casos, no podrán ya urbanizar ni comercializar, manteniendo así unos valores inmobiliarios y empresariales sobredimensionados, con los riesgos económicos que ello comporta.

Pero lo peor es que con esa medida se quiere hurtar a la ciudadanía la posibilidad de exigir que reviertan cuantas reclasificaciones de suelo rústico obedecieron a la pura codicia y no a demandas ni necesidades reales. Tantas y tantas reclasificaciones de espacios de singular interés por sus valores agrícolas, naturales o paisajísticos, sometidos a una alteración artificial e interesada con la única finalidad de alimentar una espiral especulativa que ha contribuido decisivamente a la actual crisis económica, a pesar de las reiteradas advertencias tanto de especialistas como de algunas entidades ciudadanas.

El segundo regalo del fin de curso parlamentario, junto a facilidades para la venta directa de productos agrícolas producidos en la misma parcela y para el establecimiento de hoteles rurales, campamentos de turismo, centros recreativos, deportivos y similares, consiste en extender al suelo rústico la permisividad para el establecimiento de determinadas actividades industriales y terciarias.Así, encontramos una previsión expresa para establecer en suelo no urbanizable, sin distinguir entre suelo común y de especial protección, «Estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, como también almacenamiento de vehículos,…» con la excusa de incorporar el suelo rústico a la actividad económica y favorecer el empleo.Baste recordar algunas de las ocupaciones ilegales que ya existen en las áreas metropolitanas valencianas, por ejemplo en el entorno de la Albufera al servicio del Puerto de Valencia. Ocupaciones que ahora aumentarán provocando transformaciones del suelo agrícola, tanto por sus dimensiones propias como por el acondicionamiento de nuevos accesos, además de residuos contaminantes, degradación del paisaje, etc. Aunque eso si, instalaciones irregulares y otras «provisionales» podrán consolidarse e incluso ampliarse y otras nuevas establecerse, todo a muy bajo coste para las empresas.Incapaz de asumir el fracaso de un modelo de crecimiento basado en el consumo desaforado de territorio y otros recursos naturales y temeroso de afrontar una reforma en profundidad de una legislación urbanística confusa, farragosa e inapropiada para los tiempos actuales, el gobierno del PP se empeña en asegurar interesadas amistades utilizando los poderes que le ha conferido la ciudadanía para favorecer los negocios de unos pocos mercaderes inmobiliarios.