Por la sanidad pública y sus profesionales

 05:30  

Arturo León

Mañana jueves, a las 18.30 horas, están convocadas manifestaciones en Alicante, Valencia y Castellón bajo el lema «No a los recortes en los servicios públicos: depuración de responsabilidades en el Consell». Estas convocatorias se enmarcan en el contexto de movilizaciones para rechazar los recortes impuestos por el Consell.
Sanitarios, docentes, funcionarios de justicia y de las distintas consellerias de la administración del Consell y empleados del sector público en general, están llamados a participar en las movilizaciones convocadas por los sindicatos de la Mesa General. El objetivo es hacer visible el rechazo a las medidas de reducción del déficit público adoptadas por el Gobierno valenciano, y exigir la rectificación de las mismas. De no evitarlo, la sanidad pública será la mayor perjudicada. La conselleria ha anunciado medidas para la reducción del gasto por un importe de entre 440 y 550 millones de euros. Dichas medidas suponen más del 10% del total del gasto sanitario en la Comunitat Valenciana y nos preocupan mucho algunas que, de aplicarse, supondrán un serio recorte de la cantidad y calidad de las prestaciones.
Destaca, por ejemplo, que se pretenda reducir personal y no hacer sustituciones en las plantillas que atienden al usuario. Se pretende, también, reducir los recursos dedicados a la atención de urgencias y emergencias sanitarias, cuya consecuencia drástica será un importante aumento de los tiempos de espera para ser atendidos y un empeoramiento de la eficacia del sistema en dar respuesta a las situaciones de salud que no admiten demora. Asimismo, se cerrarán centros sanitarios argumentando «falta de actividad» o por «obsoletos». Las listas de espera de intervención quirúrgica incrementarán en miles de personas, por eliminación de los programas existentes.
En resumen, de aplicarse este conjunto de medidas, los ciudadanos y los profesionales, van a ser quienes paguen la factura resultante de la negligente gestión de los recursos públicos. La pérdida de la calidad asistencial resultante podría dejar muy dañada la sanidad pública. Por eso, desde los sindicatos exigimos la negociación de dichas medidas y la retirada de aquellas que suponen una merma en la cantidad y en la calidad de las prestaciones sanitarias.
El Decreto Ley 1/2012 supone una gran agresión a los empleados públicos, la mayor jamás aplicada en cualquier comunidad autónoma, siendo el personal de la sanidad pública el más afectado. Para colmo, estas medidas no ayudarán a salir de la crisis, y son injustas porque no son equitativas ya que actúan, básicamente, sobre las rentas del trabajo. Destacar que todas estas decisiones se toman por un gobierno que ha venido despilfarrando los recursos públicos y en un contexto de supuestas tramas de corrupción, lo que conlleva la falta de autoridad moral de quienes las adoptan. Por todas estas razones, los sindicatos de la Mesa Sectorial de sanidad llamamos a la movilización del personal sanitario, de los empleados públicos y del conjunto de la ciudadanía. Hay que dar una respuesta contundente a una situación perjudicial e injusta.
[Firman también Andrés Cánovas, secretario general Cemsatse-CV; Rafael Cantó, presidente autonómico de Sanidad de CSI-F Valencia; Miguel Usó, secretario del sector de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de la FSP-UGT-PV, y Yolanda Gil, secretaria autonómica USAE-CV.]

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