Desde que, en 1997, empezó a cobrar forma el proyecto de construcción de un acceso al puerto de Valencia por el norte, similar al que permite a los camiones llegar al recinto por el nuevo cauce del Turia, la obra no ha dejado un solo día de ser un empeño titánico fuera del alcance de sus promotores. Quince años después de la firma del primer protocolo que implicaba a la Generalitat, el Ayuntamiento de Valencia, el puerto y el Gobierno de España, la Conselleria de Infraestructuras necesita buscar otra salida. La obra ha quedado bajo su casi exclusiva responsabilidad y su coste se ha elevado a mil millones de euros, una cifra inabordable en el contexto económico actual, que pone de manifiesto que se ha perdido, en este proyecto también, la oportunidad del tiempo de bonanza, ya lejano.

Los industriales de Castelló y el norte de la provincia de Valencia, ubicados en distintos polígonos y factorías, son los que han empujado con más fuerza para que sus mercancías llegaran al puerto de la capital por un camino más corto que el que representa rodear la ciudad para acceder a los muelles por el sur. Pero nunca estuvieron dispuestos a pagar un peaje para sufragar la infraestructura subterránea.

Ahora, la nueva ministra de Fomento se muestra esquiva con las necesidades valencianas tanto sobre el Corredor Mediterráneo como sobre el puerto de Valencia, y prioriza el AVE de su Galicia natal y la «Y» vasca, dejando en mal lugar a quienes desde el PP valenciano predecían soluciones para todo cuando el gobierno cambiara de signo.