La mayoría de los accidentes o catástrofes de carácter antrópico o tecnológico no suele tener una sola causa, sino una sucesión de acciones o errores no detectados por los sistemas de control establecidos por los Servicios de Emergencias de Protección Civil.
Esta reflexión ha generado críticas al papel de la Ciencia y de las Administraciones Públicas en los albores del Siglo XXI dados los riesgos provocados, por muy racional y objetiva que sea, al no tener en cuenta a la sociedad en la que ejerce su labor.
El accidente de metro de FGV en Valencia de el 3 de julio de 2006 ocurrió a las 13:03 horas. En la unidad iban unas 150 personas y descarriló en una curva cercana a la estación de Jesús. Murieron 43 personas, de estas 21 de Torrent, y resultaron heridas 47.
Vaya infortunio para el Honorable Camps, en vísperas de la macro-visita del Papa, en su época más esplendorosa con la inauguración de la «America`s Cup» y la «Fórmula 1». Total, para arruinarnos hasta la más de las indolentes miserias, eso sí, con la ganancia espectacular de sus «amiguitos del alma».
Según la investigación oficial, desde un primer momento se achacó el accidente a un error humano, que posiblemente hubiera sido evitable con un sistema de seguridad más avanzado y desde tiempo reclamado por los maquinistas. Esta alternativa de seguridad se llama ATP y controla la velocidad al paso por las balizas. Si el maquinista supera la velocidad máxima permitida (aunque solo se pase un kilómetro), el tren empieza una frenada para que la velocidad real sea inferior a la máxima permitida. No era la primera vez que se producían quejas sobre esta curva.
En diciembre de 2003, uno de los maquinistas de la línea denunció, por escrito, a la empresa la «velocidad excesiva en la precaución de Plaza España con Jesús», el tramo del accidente. La solución: colocar una señal de limitación de velocidad a 40 km/h.
Las familias de las víctimas, y la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio han contemplado con estupefacción cómo las investigaciones internas de Protección Civil han sido desvirtuadas, bien excluyendo informes de determinados técnicos, bien apuntando el exceso de velocidad cómo única causa del siniestro; han visto con asombro las resoluciones de una Comisión política creada con declaraciones «aleccionadas» desde una consultoría externa contratada por MetroValencia y FGV; y han visto cómo la intervención judicial ha sido rápida, sometida al poder político del Consell, con la autorización inexplicable de destruir las pruebas, susceptibles de apelarse judicialmente, como la aniquilación de las unidades accidentadas. Ni un solo responsable.
Su indignación es compartida por el movimiento ciudadano, el sindical, el vecinal, y de las formaciones políticas de la oposición, que esperan, no la devolución de las trágicas vidas perdidas, ni el truncamiento de la historia de 43 personas, trabajadores, pero sí respuestas que satisfagan al dolor de los rostros de estas familias que, el día 3 de cada mes, de cada año, en la Plaza de la Virgen de Valencia, con su presencia nos devuelven la dignidad perdida a una ciudadanía que no se merece la soberbia ni la opacidad de nuestro President. Nuestro agradecimiento, cariño, y apoyo siempre tendrán.
