arece que las administraciones valencianas, tanto autonómica como locales, empiezan a tomar conciencia del grave error que ha supuesto pretender imponer el copago para la discapacidad, siendo la primera, y esperemos que no la última, la alcaldesa de Valencia, que en un gesto de valentía contra la Consellería de Bienestar Social, ha decidido mantener la gratuidad de sus tres centros ocupacionales y las mensualidades actuales de su único centro de día. Aunque hablamos de un número muy reducido de centros, ya que la inmensa mayoría son de titularidad compartida y se distribuyen por toda la comunidad, Rita Barberá se enfrenta a una medida del Consell totalmente alegal, impopular, con un claro afán recaudatorio y de escasa eficacia, puesto que en términos económicos globales el copago para la discapacidad no supone unos ingresos sustanciosos para la Generalitat, mientras que en la economía familiar del discapacitado es un auténtico desequilibrio, en muchos casos insalvable y que obliga al usuario a abandonar el sistema público de atención. Además, la decisión de Rita sitúa a la administración valenciana en un contrasentido legal, puesto que entendiendo la actuación del Estado como un todo, tiene poco encaje que una parte de esa estructura unitaria se descuelgue de ciertas decisiones.

La discapacidad y/o dependencia es un sector especialmente sensible, en el que se ve afectado en torno al 16 % de la población valenciana, y donde todos, en mayor o menor medida, tenemos cerca algún familiar o conocido afectado por esa compleja situación. Estamos ante un colectivo silencioso y poco dado a la reivindicación, puesto que tiene un profundo agradecimiento al esfuerzo que hacen la sociedad y la Administración para mantener unos adecuados estándares de atención personalizada. Pero evidentemente, cuando se está cometiendo un atropello a sus derechos básicos como ciudadano, es necesario hacer ruido y exigir respeto y dignidad para la discapacidad, eslogan que muy acertadamente se fraguó en la manifestación del sector que se produjo en julio de 2012 con Fevalcee y los dos sindicatos mayoritarios.

Estamos en el buen camino, pero falta que la conselleria dé el paso definitivo y derogue un copago que sólo se ha implantado en nuestra autonomía. Así, cuando el Consell afirmó el pasado 21 de enero que consideraba innegociable el copago para la discapacidad, sólo puede entenderse desde el más absoluto desconocimiento de las consecuencias reales que estaba teniendo para los usuarios y con un deficiente asesoramiento, ya que en esta ocasión, rectificar no es sinónimo de debilidad, sino de inteligencia.