El último pleno de las Corts Valencianes ha clausurado la legislatura y sirve de trampolín para zambullirse en una nueva precampaña electoral que afecta tanto al parlamento autonómico como a todos los municipios de la Comunitat Valenciana. Muchos ciudadanos nos alegramos de comprobar cómo en esta recta final hacia los comicios del 24 de mayo, bastantes de nuestros políticos recuperan el sentido común en su quehacer y propuestas. Algunos incluso van más allá y, con actitudes totalmente disonantes con la seriedad que la actual coyuntura social y económica reclama, lanzan proclamas demagógicas. Bendita democracia, en cualquier caso, que nos permite poder elegir cada cuatro años a aquellos que queremos que se sitúen al frente de la gestión de lo público. Del mismo modo, nos ofrece la posibilidad de plantear reivindicaciones que en este contexto preelectoral sí que son escuchadas, aunque casi nunca después, ya con los ganadores aposentados en sus cargos, atendidas.

Con la mejor intención de aportar ideas y de ahondar en la línea constructiva que caracteriza a CSI·F, desde nuestro sindicato exigimos a los políticos que aspiran a representarnos que, sobre todo, antepongan el interés general a cualquier otra circunstancia. También que prioricen en su futura gestión de gobierno la atención a los más necesitados y que lleven a cabo cuantas iniciativas resulten necesarias para erradicar ese drama que nos asola llamado paro. En esta especie de carta a los Reyes Magos igualmente reivindicamos que quienes dirijan el futuro Consell y los consistorios valencianos no den un solo paso atrás en los logros alcanzados en aquello que se conoce como Estado de bienestar.

Desde el punto de vista de los empleados públicos, reclamamos a los próximos gobernantes que establezcan como prioridad una administración pública totalmente profesional, independiente, de calidad y al servicio del ciudadano. Su gestión ha de estar sometida a los necesarios controles independientes con el fin de evitar situaciones de corrupción como las que desgraciadamente hemos soportado. Las administraciones públicas deben ser un instrumento fundamental en la gestión del citado Estado de bienestar. Para lograrlo se precisa una regulación completa que impida contradicciones como aquellas en las que incurren muchos políticos, que desde la oposición abogan por una Administración independiente, profesional y eficaz y, posteriormente y una vez alcanzado el poder, pretenden una policía domesticada, una justicia dócil y unos altos cargos funcionariales afines. Los empleados públicos únicamente pueden estar al servicio del ciudadano. Nunca sometidos al interés partidista del que gobierna o se halla en la oposición.

Lejos de fortalecer una Administración que garantice el Estado de bienestar, en los últimos años hemos asistido a una drástica reducción de efectivos por la casi nula tasa de reposición en algunos ámbitos y la escasa en otros. Estas medidas de reducción de plantillas nos han situado a la cola de Europa en cuanto a ratio de empleados públicos por habitante. Y para cerrar esta carta de sugerencias ante la campaña, subrayo la exigencia a todos los políticos de que el respeto, el diálogo y el consenso sean las características que los definan y que apliquen en su gestión. Ante todo deben garantizar, de forma inquebrantable e incontestable, la dignidad, libertad y bienestar de todos los valencianos.