La presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, augura que habrá elecciones autonómicas anticipadas en el plazo de dos años porque confía en que las diferencias entre los firmantes del «pacto del Botànic» (Titanic, según ella) serán insalvables y les llevarán a la ruptura. Es posible que la líder popular esté expresando más un deseo que una certeza, pero algunas divergencias van abriéndose en el tripartito PSPV-Compromís-Podemos a medida que pasan los meses y el Gobierno entra en harina. La pelea de los horarios del comercio se avecina intensa, lo mismo que el papel de la Administración autonómica, como gestora del territorio, en la regulación de los grandes centros comerciales.
Los socialistas tratan de mantener el pulso con una postura de reducción, pero no eliminación, de las aperturas en festivos, y tampoco se niegan a proyectos de tiendas y ocio que generan actividad económica y empleo. Sus socios, en cambio, se mantienen firmes en el cierre dominical: En Valencia propugnan una sola zona turística con permiso para abrir los festivos, el entorno de la Lonja, donde el local de mayor tamaño es una ferretería (muy bien surtida, eso sí) en la plaza del Doctor Collado. Pero la propia vicepresidenta Oltra no ha ocultado su rechazo a proyectos de la dimensión de Puerto Mediterráneo, en Paterna, donde se ventila una inversión de 860 millones de euros, por considerarlo insostenible, algo que no comparten ni Ximo Puig ni el alcalde socialista Juan Antonio Sagredo.
Por esas hendiduras se mete Bonig al subrayar que mensajes contrarios a la instalación de Ikea en Alicante o al proyecto de la pista de Ademuz espantan a los inversores y ponen en peligro la recuperación económica de la Comunitat Valenciana. Es posible que Compromís y Podemos puedan mantenerse en esa política, pero el PSPV no tiene tanto margen, y por eso Bonig dispara a la línea de flotación desde su acorazado liberal.
