Reducirá sustancialmente el nuevo Gobierno valenciano las emisiones contaminantes de CO2 a lo largo de su mandato? ¿Bajará significativamente el número de desplazamientos en coche particular con motor diesel y gasolina? ¿Disminuirá notablemente la dependencia valenciana de los combustibles fósiles? ¿Moderará globalmente el consumo valenciano del agua escasa y declinante?¿Aumentará la participación de las energías renovables en el mix energético valenciano?
La catástrofe climática es el contexto estructural ineludible para las políticas valencianas económicas, urbanísticas, agrícolas, industriales, energéticas, científicas y de transporte. La justicia climática es una prioridad política que ha de ponerse en el centro de la política valenciana. La Generalitat tiene competencias para luchar contra el cambio climático, pero a puertas de la cumbre mundial de París sobre el cambio climático (COP21) no hay noticias sobre la responsabilidad climática del Consell. Resulta preocupante que no tenga objetivos concretos y objetivables mediante indicadores para esta legislatura. Querer reducir y encerrar las posibles actuaciones climáticas en la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente de turno es humor negro y una receta segura para empeorar.
La justicia climática exige decisiones valientes que pueden implicar conflictos. Actuar por el clima no es políticamente gratis porque exige trastocar el libre mercado y el productivismo enraizado social y culturalmente. Limitarse a actuar solo en algún sector mediante el simple cumplimiento de mínimos, como son los laxos plazos legales europeos, será ineficaz y paralizante.
Ante la urgencia y magnitud del desafío climático ya no vale la política economicista obsesionada con el crecimiento a cualquier coste con unos ligeros retoques verdes. No hay tiempo para disimular con declaraciones de principios generales y buenos propósitos la falta de acciones políticas concretas. Tampoco puede dejarse en manos del lento cambio cultural de las buenas prácticas, ni en las agendas 21 de la concienciación ambiental, ni en los estudios técnicos para el diagnóstico de los impactos.
La Comunitat Valenciana ha sido especialmente irresponsable y despreocupada por aumentar sus emisiones de CO2 en un 68 % entre 1990 y 2010. A pesar de la crisis económica, no han bajado las emisiones contaminantes valencianas, sobre todo a causa de la gran dependencia de los combustibles fósiles en los sectores del transporte y la energía, además de las débiles políticas de eficiencia y de la ausencia de una fiscalidad ecológica eficaz. La estructura de la economía valenciana es especialmente voraz en su destrucción ambiental y climática.
La política agraria ha de adaptarse a las mutaciones climáticas. El modelo agrícola químico-intensivo degrada la fertilidad de suelos y aguas, contamina y sobreconsume agua y derivados del petróleo en todo su ciclo. El Consell debe establecer objetivos ambiciosos de reducción del uso del agua, de fitosanitarios y fertilizantes peligrosos, con metas concretas para frenar la erosión de tierras fértiles y un marco regulatorio para el aumento sustancial de la producción y consumo de productos ecológicos. Urge el fin de la urbanización de las tierras fértiles de las huertas agrícolas, un recurso esencial para la seguridad alimentaria ante las incertidumbres y daños que se avecinan. Han de frenarse los grandes centros comerciales periféricos y otras grandes infraestructuras que fomentan el urbanismo disperso, la explosión del uso del coche y las emisiones contaminantes a la atmósfera. Son especialmente irracionales las luchas por los trasvases de agua entre las distintas cuencas fluviales, como entre el Tajo y el Segura: solo cronifican el deterioro ambiental y la escasez haciendo más costosa la obligada transición agrícola valenciana adaptada a la capacidad hídrica de cada cuenca hidrográfica.
El Consell ha de tener un plan de lucha contra el cambio climático ambicioso, cuantificable y verificable, con compromisos transversales y vinculantes en las políticas sectoriales, en las leyes e inversiones de la Generalitat en esta legislatura. Debe adoptar nuevos objetivos de reducción de emisiones de CO2 en las áreas de competencia autonómica muy por encima del insignificante compromiso del 10 % para el 2013-2020 del anterior Consell del PP.
