16 de enero de 2016
16.01.2016

En qué creer

16.01.2016 | 04:15

En poco menos de una semana nos hemos quedado huérfanos de importantes creencias populares, que en muchas ocasiones, alimentaban nuestra esperanza de una sociedad mejor. La primera nos la desveló ese extraño ser que desfilaba en la Cabalgata de Reyes de Madrid, y que ahora sabemos que era un pictoplasma. Todavía conmocionados, asistíamos al hundimiento definitivo de uno de los iconos del PP y supuesto artífice del milagro económico en la época Aznar, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentaba ante la Audiencia Nacional su escrito de acusación, donde pide cuatro años y medio de prisión para Rodrigo Rato. Finalmente, y si no teníamos suficiente, la abogada del Estado en el ´caso Nóos´ se encargaba de desmontar el slogan de que «Hacienda somos todos», una frase que nos reconfortaba en el momento de tener que pagar los impuestos, poniendo en duda, al mismo tiempo, el principio constitucional de que la «Justicia es igual para todos". Ante tamaño desconcierto, sólo faltaría que apareciera Loquillo y nos negara la conocida frase de que «los viejos rockeros nunca mueren».

Centrándonos en la polémica y desacertada argumentación de la abogada del Estado, creo que es necesario volver a defender la brillante actuación del juez Castro en la instrucción del ´caso Nóos´. Así las cosas, cuando se utiliza esa frase desde un punto de vista coloquial, lo que se pretende es que los ciudadanos nos concienciemos de la importancia que tiene cumplir con nuestras obligaciones tributarias, a la par de que nos demos cuenta de que lo defraudado por alguien debe ser asumido por el resto de los contribuyentes. Entendido de esta forma, seguramente los particulares no tienen atribuida ab initio la representación legal de la Administración del Estado, pero no cabe duda de que debe permitirse la actuación de esa acusación cuando se produce un perjuicio colectivo y quienes están legitimados para ello tienen una deliberada falta de acción, como es en este supuesto.

Si existe la doctrina Botín, como desarrollo de ella el Supremo fijó la doctrina Atutxa, pero además, tal y como recuerda el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, cuando hay apariencia de delito tributario cometido en un matrimonio, la regla general es que se abra juicio y se acuse a ambos. Actuar de otro modo es pensar que la esposa, en este caso toda una Infanta con sus asesores, era un mero florero y firmaba lo que le decía su marido. El argumento no sólo es retrógrado, más propio de otra época, sino que carece de sentido en el caso que nos ocupa.

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