27 de febrero de 2016
27.02.2016

Rita y otras abominaciones

27.02.2016 | 04:15

Estamos ante una nueva ola de putrefacción del partido podrido, vinculada al ayuntamiento y la Diputación de Valencia, desvelada por la operación Taula, aún en los principios y bajo secreto de sumario, por su envergadura se ha hablado de que por sí sola pueda superar los EREs de Andalucía (y en esto no solo está involucrado el PSOE-A, sino también el PPA). Los medios se han hecho eco del apabullante alcance y profundidad de este saqueo en el que uno de los dos vértices y vórtices, además de Alfonso Rus, era la exalcaldesa Rita Barberá. Ésta, mucho más hábil, con su mantra ya antiguo y preferido de «yo no he firmado nada» (en lo de Nóos, Emarsa...) revela y desvela que es demasiado lista: «Mirad que lista soy para escaquearme con ese mantra».

El director de Infolibre se admiraba recientemente de que no existiera funcionario que denunciara o pusiera un dique de legalidad al mayor nivel municipal. Sobre ello „y dado que fue suerte coincidir solo medio año con Rita, suficiente para llegar a las valoraciones y averiadas relaciones con ella„ quiero recordar la medida del PSOE (Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio) que permitió que los secretarios de poblaciones de más de 100.000 habitantes, capitales de provincia, comunidad y diputaciones, pudieran ser nombrados y por ende destituídos por el alcalde o el presidente de la Diputación. Ese decreto marcó el comienzo del fin, del deber/poder controlador de los Cuerpos de Habilitación Nacional, y con ello, un factor importante „no el único, por supuesto„ en el aumento exponencial de la corrupción municipal (la mayor por cuantía, debido al urbanismo y por ser 8.000 los municipios, el doble que en Francia).

En Valencia la cosa fue más grave. Cuando el que escribe se jubiló como secretario general de la capital (nombrado por concurso de méritos) existía solo ese cargo. Rita, en su día, lo desdobló, creándose la Jefatura de la Administración Municipal y quedando el titular de la Secretaría General, como secretario del Pleno y el nuevo cargo como secretario de la Junta de Gobierno. Pero a los valencianos no solo les costaría el doble este desdoblamiento, sino bastante más, porque los ingresos de ambos y de otros altos cargos se acercan a los 100.000 euros anuales cada uno.

Y en esa estela de la extrañeza del citado periodista, se descubre que días antes de que Joan Ribó se convirtiera en el nuevo alcalde, Rita blindó a su hermana para un puesto al frente de las bodas civiles, en el Palacio de Monforte (comodísimo y en un marco incomparable), elevándose la propuesta a la Junta de Gobierno que, por supuesto, la aprobó por unanimidad. Eso sí, sin que los técnicos fundamentaran la reclasificación y sin la abstención de Rita, instándose por un sindicato a que se revisara la actuación y que en caso de confirmarse las irregularidades se depuren responsabilidades. ¿Y nos preguntamos qué independencia pueden tener unos funcionarios, del nivel máximo en su asesoramiento y fiscalización de la legalidad, a quienes les nombra y destituye aquellos a los que tiene que asesorar y censurar legalmente, en su caso, en las decisiones que tomen?

Alejandro Nieto, catedrático emérito de Derecho Administrativo y expresidente del CSIC, nos dice algo más que interesante en su libro El desgobierno de lo público: «Lo más lamentable de esta historia es el hecho de que al iniciarse la transición, los ayuntamientos se encontraban aceptablemente controlados, como consecuencia de una operación (€) realizada durante la dictadura de Primo de Rivera y que había cortado una tradición de corrupción y caciquismos. La solución inspirada por Maura y desarrollada por Calvo Sotelo fue el establecimiento de tres funcionarios: los cuerpos de Secretarios, Interventores y Depositarios encargados de controlar la limpieza legal y contable». La República los conservó en todo su alcance y el franquismo también.

Volviendo a la experiencia personal, me permito autocitarme en los anexos de un trabajo del 2010 sobre la corrupción, encargado por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación: «Y como anexo personal adjuntamos el dictamen de la última sesión de la Comisión de Urbanismo (9-4-1979) anterior al primer ayuntamiento democrático, en la que se paralizó la construcción de cuatro torres en El Saler por el redactante, con las posibilidades legislativas existentes, vinculadas al secretario e interventor y abrogadas años ha». Esas posibilidades recaían sobre esos funcionarios, como derechos/obligaciones con sus correspondientes responsabilidades. A precisar que esas cuatro torres de apartamentos no construidas (y que fue uno de sus mayores logros en su vida profesional: eran el equivalente a las que aún están en pie).
Una vez jubilado, este cronista fue ignorado por la entonces alcaldesa y relegado por dos veces a pesar del escrito reclamando argumentalmente el trato debido y por tercera vez también inútilmente que se le reconociera lo relacionado con este logro aludido líneas más arriba. Ahora podríamos decir que Rita nos da un curso de falta de gallardía, y alguien podría pensar también, después de la semidimisión de Esperanza Aguirre, de falta de dignidad.

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