Unas elecciones generales a finales de junio son, en estos momentos, bastante probables. Las líneas y números que siguen pretenden avisar del riesgo que existe de que puedan elecciones estar mediatizadas a causa de que miles de servidores públicos puedan acudir (o no acudir) a las urnas desconociendo si van a recibir la primera paga extra de 2016.
Con independencia de la ideología de cada uno, y de la opinión sobre el acierto de sus medidas, a Rajoy no puede negársele la determinación que ha desplegado para enfrentar las consecuencias financieras de la época de Zapatero. Sin embargo, el presidente en funciones ha tenido dos grandes carencias. La primera, su incapacidad para encarar la corrupción, ya le ha explotado en la cara y por ella los que vivimos en esta tierra experimentamos un dolor especial por haberla soportado y permitido mucho más allá de lo comprensible. Aunque tratemos de consolarnos con que en todas partes ha ocurrido, la herida valenciana es muy profunda y por ello más fuerte el anhelo de comprobar si ya hemos tocado fondo para poder iniciar la recuperación de nuestro orgullo colectivo. La segunda gran incapacidad del PP ha sido la forma de abordar la financiación autonómica, un veneno que por desgracia todavía tiene que mostrar toda su virulencia contra la estabilidad del Reino de España.
Las jornadas del lunes y del martes resultaron penosas a medida que de grupo político a grupo político y de discurso a discurso, se constataba la marginación del tema de la financiación, reforzando la sensación que todos carecían de soluciones y propuestas. ¿Fue ignorancia o temor a plantear esta espinosa cuestión? Sin embargo más duro fue comprobar como ninguno de los centenares de sesudos analistas que luego diseccionaron los discursos no encontraran a faltar el tema. Un clamoroso y suicida silencio de quienes sólo parecen pensar en madrileño o en independentista. Muchas llamadas a la unidad de España y ni una sola idea acerca de la factibilidad y el futuro del estado de las autonomías.
Hablar de algo que va a ocurrir dentro de cuatro meses mas que profecía puede ser considerado como una petulancia intelectual. Sin embargo no lo es tanto si se consiguen explicar lo que pueda ocurrir. Esto es, que a finales de junio podamos vivir en plenas elecciones, la expectativa de unos trabajadores públicos sin paga extra a la vista. Esta vez, al contrario de lo ocurrido en el último momento con la última paga de diciembre, no va a poderse resolver con una apurada visita como la del president Puig al ministro Montoro para que llegara el FLA extraordinario de 2015.
En La Vanguardia del pasado lunes 29 de febrero, aparecía una información relatando algo ocurrido seis días antes: «una nutrida representación de la Conselleria d´Economia de la Generalitat (catalana) se reunió con el ministerio para poner sobre la mesa las urgencias de financiación y para establecer las líneas maestras de las relaciones futuras entre ambas administraciones. Para hacer frente a las urgencias de la caja, se pidieron 700 millones de euros a cuenta de la liquidación del sistema de financiación autonómica del año 2014 (Ver Tabla). Se anticipó que para marzo la administración catalana solicitará ya los primeros 350. Y que, inmediatamente, presentarán un calendario para los otros 350 antes de finales de junio. Con este dinero, el departamento de Junqueras espera hacer frente fundamentalmente a la paga extra de los funcionarios de la Generalitat correspondiente al mes de junio».
Sin embargo, casi a reglón seguido, el miércoles 2 de marzo, el Ministerio de Hacienda sacaba una nota de prensa en la que aseguraba que «no ha existido ninguna solicitud formal por parte de la Generalitat de ningún anticipo el mes de marzo» y explicaba que la liquidación efectiva del sistema de financiación autonómica se practica «una vez que se dispone de todos los datos necesarios para hacerlo», es decir, entre los meses de junio y julio. Por si quedará alguna duda el ministerio negó que se haya otorgado «ningún anticipo de tesorería a cuenta de la liquidación definitiva del sistema en Catalunya, y mucho menos para el pago de ninguna paga extra». Si este tipo de contradicciones en su conjunto no son una intoxicación informativa, se le parecen mucho.
Puede que el lector tenga dificultades para seguir lo que está diciéndose si no se le refresca la memoria con la información pertinente. El modelo de financiación aplica parte de sus fondos de compensación tras conocer los resultados de cada presupuesto, en términos de impuestos recibidos, nivelación entre autonomías, etc. Ello lleva su tiempo 18 meses y todos los años estos fondos se reciben al inicio del verano. La tabla es una pequeña primicia con el resultado provisional del 2014. Puede decirse que estás cantidades son ingresos procedentes del cierre de aquel año que figuran en los respectivos presupuesto de 2016 como ingresos. Como se observa en nuestra columna (5) Cataluña y Comunidad Valenciana son las mas afectadas por este «retraso», aunque para ser justos también hay que apuntar que son las mas beneficiadas por este furgón de cola que trata de cubrir ineficiencias del modelo de financiación, que es el Fondo de Convergencia Autonómica de la columna (4).
Aquello que la prensa catalana afirma que su conselleria ha pedido y que el ministerio niega que así haya sido, es el adelanto de 700 millones de los 1.407 que figuran en la Liquidación Provisional de la Tabla. La información de La Vanguardia habla que sin la totalidad de ellos no se podrá pagar la extra de junio. Ya no estamos hablando de un FLA extraordinario, sino simple y llanamente de dejar en las manos del Ministerio de Hacienda la papeleta de que los funcionarios y contratados de aquella Generalitat reciban o no su extra en la misma semana en la que puedan celebrarse unas nuevas elecciones. Todo indica que la situación de en nuestra Generalitat va a ser muy parecida a la que se ha explicitado para Cataluña. La tabla es elocuente para comparar situaciones.
Para aquellos que se consuelan pensando que Bélgica aguanto un Gobierno en funciones durante más de un año, recordarles que ni las regiones de flamencas, ni francófonas, ni las comunas de Bruselas para pagar a sus servidores públicos no dependían de un gota a gota como ocurre hoy en muchas autonomías españolas y muy en particular en la nuestra y en la catalana.
