Hace unos meses eran noticia, en estas mismas páginas, las nuevas normas legales para supermercados franceses, obligándoles a donar a entidades sociales los excedentes de productos alimentarios no vendidos. Algo que, a primera vista, reviste el aspecto una expropiación forzosa de propiedad privada ha sido fácilmente comprendido como una intervención necesaria contra nuestro despilfarro de alimentos. No solo por la difícil situación económica o alimentaria de muchas familias en el contexto actual de crisis, sino por lo que supone de llamada a favor de un consumo, una distribución y unos estilos de vida mucho más sostenibles y solidarios
En estos momentos, las instituciones europeas están debatiendo una normativa sobre los minerales de conflicto, un tema de similar trascendencia, y con un consenso igualmente amplio acerca de cómo abordarlo. Sin embargo, existe un peligro muy real de que la legislación finalmente adoptada por nuestros representantes se quede en una blanda declaración de intenciones. En este caso, nuestras acciones como productores o consumidores están teniendo consecuencias dramáticas en las vidas de muchas personas de África, Asia o Iberoamérica, y están empeorando seriamente el medioambiente que las futuras generaciones, también nuestros hijos, van a recibir dentro de muy poco.
Materias primas como el coltán, el tungsteno, el oro o el cobalto, juegan un papel esencial en la fabricación de los aparatos electrónicos que moldean nuestra vida cotidiana: en cocinas, salas de estar, oficinas, aulas, bolsillos, vehículos Esos minerales son especialmente abundantes en zonas del mundo sumidas en conflictos permanentes, provocados precisamente por los fuertes intereses que genera su explotación ilegal e incontrolada. No es solo que las poblaciones locales no obtienen el beneficio que les correspondería por tales recursos; es que sus derechos humanos son salvajemente vulnerados, en espirales de guerra, pobreza y expolio masivo. Testimonios como los Caddy Adzuba, la periodista congolesa Premio Príncipe de Asturias en 2014, dejan escaso lugar a dudas sobre las dimensiones y motivos del problema.
En este contexto, y tras años de trabajo con organizaciones sociales y empresas tecnológicas, el Parlamento Europeo formuló hace justamente un año una propuesta de legislación inspirada por la aplicada con éxito en Estados Unidos. Esta propuesta exigirá a empresas mineras, refinadoras y fabricantes que utilicen estas materias primas, unos procesos conocidos como diligencia debida, y que básicamente consisten en certificar que durante su extracción, manipulación y comercialización, se protegen los derechos humanos de las comunidades locales, no se alimentan conflictos militares y se respetan unos mínimos estándares medioambientales.
Sin embargo, en diciembre pasado, el Consejo de la Unión Europea (los representantes de nuestros Gobiernos nacionales) formuló una segunda propuesta, un sistema en el que el seguimiento de tales procesos de certificación será totalmente voluntario para las empresas. El concepto de ley voluntaria o de cumplimiento optativo no deja de ser paradójico; pero es que, además, esa posibilidad ya existía, y el 90 % de las empresas europeas afectadas por la situación no se habían involucrado de ninguna forma. Uno no puede por menos de preguntarse a quién beneficia una norma débil y optativa: ¿para quién trabaja el Consejo?
Durante esta semana, las conversaciones entre las instituciones europeas deben avanzar hacia una decisión final. Plataformas y organizaciones internacionales estamos reclamando que la UE esté a la altura de sus muchas declaraciones sobre responsabilidad empresarial, medioambiental y social; que los hechos acompañen de una vez a las palabras.
