Ni la reciente visita de Mariano Rajoy a Valencia con motivo del congreso del Partido Popular, ni la presión que ha podido ejercer la patronal valenciana, ni el más elemental sentido común para un reparto equitativo entre todos los españoles... nada de esto ha servido para que los Presupuestos Generales del Estado vayan a tener un color mínimamente digno para la Comunitat Valenciana. No es una cuestión de envidia, recelos interesados u otra serie de sandeces que algunos, entre ellos Pilar Rahola, han llegado a decir en los últimos días. Con los números en la mano, nadie con sentido común puede negar que estamos ante unos presupuestos objetiva y porcentualmente injustos para nuestra tierra y sus ciudadanos, los cuales nos sitúan a la cola de la inversión por habitante, cuando somos una de las regiones que más aporta al conjunto de España.

Estos presupuestos nos recortan más de un 30 % del gasto público consignado en 2016 y son los más restrictivos desde hace años para nuestros intereses, eso sin incluir todas aquellas prebendas que se están anunciando al margen de dichos números, y que conformarían la guinda de una semana extraordinariamente aciaga en financiación para los valencianos. El dinero que nos correspondía por nuestro peso estratégico, o simplemente por el número de habitantes que tenemos, ha ido a parar principalmente a la desactivación del conflicto con Cataluña, y en segundo lugar, para posibilitar que el Ejecutivo central pudiera completar, con otras formaciones políticas, su puzle de apoyos a los Presupuestos.

Frente a esto, no podemos dejar de subrayar positivamente la reacción que están teniendo el presidente Ximo Puig o los grupos con representación en las Corts, incluidos PPCV y Ciudadanos, que de forma unánime han mostrado su malestar. Sin embargo, nuestro análisis quedaría incompleto si no señaláramos abiertamente a los diputados y diputadas que han sido elegidos desde Valencia, Alicante y Castellón, para supuestamente representarnos, y que debiendo su sueldo a los miles de ciudadanos de esta tierra, no están defendiendo nuestros legítimos intereses. Esta crítica debe hacerse extensiva a todos, tanto aquellos que poseyendo una supuesta marca propia valenciana en el Congreso, no son capaces de negociar mejoras presupuestarias a cambio de su apoyo, como están haciendo vascos y canarios, como especialmente a los que siguen la disciplina de voto marcada desde su dirección central con sede en Madrid o Barcelona, aunque esto suponga dejar a los valencianos a la cola en gasto público. Flaco favor se le hace a la representación democrática, cuando nuestros votos se diluyen en la más absoluta indiferencia parlamentaria.