Sin blanca y a la greña

Alicantinos contra València, Estado contra autonomía, castellanoparlantes contra la lengua valenciana, conservadores contra progresistas y oportunistas prestos a abatir al político alicaído, sin importar el coste. Es el panorama de la Comunitat Valenciana. El conseller de Hisenda, Vicent Soler, sufre por nosotros ante las insolencias y los desplantes de Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy menosprecia a los responsables de la gestión autonómica y se ensaña con los valencianos. De Ximo Puig hacia abajo, en la escala de cargos de la Generalitat y de los ayuntamientos, son representantes del pueblo valenciano legítimamente elegidos. No es admisible que se los tomen a mofa, befa, chirigota y chufla.

Contubernio. Castigados por el actual sistema de financiación autonómica y con el lastre de la deuda histórica inasumible (45.000 millones), los valencianos vamos a seguir viviendo peor hasta que este país tenga que devolver a la Administración central del Estado las competencias de sanidad y educación. Probablemente, las demás también. En ese momento, la autonomía, es decir la libertad de decidir, se habrá terminado para los valencianos. Esta nueva rendición supondría el fin de las aspiraciones del pueblo valenciano para vivir su futuro con independencia y libertad.

Estas pinceladas descriptivas del porvenir que espera al País Valenciano, coinciden con la conspiración política que se fragua, desde dentro y con la complicidad de los de fuera. En la que participa la fuerza coercitiva del Estado. Se trata de asfixiar financieramente al Consell progresista de Ximo Puig, surgido de las elecciones de junio de 2015 y de propiciar la recuperación del poder por quienes lo ejercían, acunados por los poderes fácticos en la Comunitat Valenciana. Primero se apostó por que el gobierno de 2015 no llegaría al fin de aquel año. Erraron los agoreros y prosiguió la acción del gobierno que salió del Acord del Botànic. Vuelven al ataque cuando advierten síntomas de inestabilidad que pueden afectar a la coalición de gobierno y olfatean el poder que ventean.

Insurgencia. En versión española se celebró el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, orquestado por el gabinete de Rajoy y en su nombre, Montoro, donde -con la abstención vergonzosa de Extremadura (Guillermo Fernández-Vara)- el Gobierno tiene más poder que las 17 autonomías juntas. Allí impuso el gobierno del PP el techo de gasto del 0,4 %, inadmisible por inabordable para la Comunitat Valenciana. Aún falta por ver el clamor de las fuerzas económicas y empresariales autóctonas para protestar masiva y eficazmente contra la afrenta que conduce a los valencianos a la ruina. ¿La fuerza se les va en reclamar una imposible política industrial, para la que saben que no hay dinero, porque Madrid niega la financiación imprescindible para sobrevivir en sintonía con la media española? ¿Alguien recuerda lo que ocurrió con los Planes de Competitividad que lanzaba el conseller de Empresa, Justo Nieto (2004-2007) y que nunca tuvieron dotación presupuestaria?

Soflama. Faltaba la guinda. La pasada semana, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, el dianense Juan Riera, en el transcurso de la Noche de la Economía Alicantina -que en su día copiaron de la Cámara de València (se convocaba para el ámbito autonómico), como pueden atestiguar Javier Mondéjar y Eliseo Quintanilla- lanzó una soflama reivindicativa de los agravios que, según él, padece la provincia alicantina, por parte de la Generalitat Valenciana en su política de inversión territorial (136 millones). Riera, en afán preelectoral, se equivocó de enemigo, erró en sus argumentos y confundió el escenario. Cometió la imprudencia de mezclar quejas empresariales con amenazas políticas. Declaró la guerra de Alicante contra València: «Las tensiones entre Alicante y València van a existir siempre». La emprendió contra los socialistas y sus aliados Compromís y Podemos: «Los experimentos en política suelen tener elevados costes». Se deslizó por el tobogán de las amenazas: «Somos un pueblo indulgente y pacífico, pero en algún momento puede ser que la provincia de Alicante deje de ser tolerante y pase a ser beligerante» y «no creo que sigamos siendo pacientes y resignados durante mucho tiempo».

El president Ximo Puig ponía cara de póker mientras Riera desbarraba contra València. Sus reivindicaciones domésticas, por elevación, en vez de dirigirse a la capital autonómica deberían apuntar a Madrid. ¿No lo permite el secretario general de la Cámara de Alicante, triunfal gestor y ex director general de Industria y del IVAJ con el PP, Carlos Mazón? ¿Cuando imploran socorro para salvar de la quiebra a la Institución Ferial Alicantina (IFA) llaman a Génova, a la Moncloa o a la puerta de Ximo Puig? No se muerde a quien te ayuda.